Impuesto. Los empresarios de Balears mantienen su oposición al impuesto aprobado por el Govern - Archivo

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La Asociación de Comerciantes de Menorca (ASCOME), integrada en PIME, la Asociación de Bebidas Refrescantes de PIME Mallorca, y la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF), presentarán alegaciones al impuesto sobre los envases que aprobó el pasado viernes el Consell de Govern.

Los colectivos afectados consideran que se trata de un tributo cuyo único fin es la financiación del gasto público y no el fin medioambiental que proclama el Govern.

En las alegaciones preparadas se expresa que según el artículo 9.3 de la Constitución "la ley debe ser clara y cierta en su contenido y accesible y previsible para el sujeto". Por el contrario, las asociaciones consideran que en esta ocasión no es así, porque la ley no es previsible para el sujeto pasivo, dado que la totalidad de las empresas de Balears ya han preparado y cerrado sus presupuestos de cara al año siguiente, si es anual, o posteriores, si es plurianual.

"Las empresas han tenido que adaptar sus plantillas y contratación, sin tener en cuenta estas nuevas tasas, con el consiguiente coste técnico administrativo que ello supone", expondrán en sus alegaciones.

Por otro lado, estas asociaciones de comerciantes alegan que la tasa supone gravar dos veces el mismo hecho imponible, ya que los envases ya están sujetos al pago del punto verde cuando son no retornables. Así, recuerdan que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas prohíbe los fenómenos de doble imposición; y que la sentencia del Tribunal Constitucional 289/2000 establece un precedente para impedir que los legisladores apliquen tributos con pretendidos fines medioambientales cuando sean recaudatorios.

En diciembre, la Asociación de Bebidas Refrescantes presentó unas alegaciones en este sentido, y todavía no han sido contestadas por el Govern. Además, hay que tener en cuenta que en la Comunidad Valenciana ya se retiró un impuesto de este tipo para evitar una colisión con la normativa estatal en la materia.