Nueve de cada diez personas en Balears está a favor de la paralización de los desahucios mientras no se encuentre una solución para los afectados, así como de la inclusión de las viviendas embargadas en un parque público de alquiler social. Así se desprende de los resultados de la encuesta publicada ayer por la Fundación Gadeso y, según los cuales, un 76 por ciento defiende la necesidad de modificar la actual ley hipotecaria por considerarla "injusta".
De estos resultados se infiere el apoyo masivo de los ciudadanos de Balears a la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas y avalada por casi un millón y medio de firmas que el próximo 7 de marzo será debatida en el pleno del Congreso de los Diputados.
Un trámite, éste último, sobre el que los encuestados se muestran, en general, desconfiados. No en vano solo el 16 por ciento cree que se aprobará el redactado inicial, que incluiría, entre otras, la cláusula que reconoce la dación en pago reatroactiva. Por contra, el 22 por ciento considera que no saldrá adelante "ya sea por la postura del PP o por las presiones del sector bancario", mientras que el 57 por ciento cree que la mayoría parlamentaria dará luz verde solo a una parte de los contenidos.
Esta desconfianza hacia los poderes político y financiero se plasma también en la valoración que hacen los ciudadanos baleares de los colectivos implicados en esta problemática.
Según las conclusiones de Gadeso, las entidades bancarias reciben un suspenso rotundo con un 0,8 sobre 10, seguidas de la Administración Pública que se queda con 1,7 por entender la opinión ciudadana que actuó "tarde y mal para evitar situaciones graves". Por el contrario, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y los jueces y fiscales reciben el espaldarazo social con un 8,9 y un 7,8, respectivamente. A tener en cuenta también el aprobado que consiguen los cuerpos de seguridad tras conocerse los últimos casos de desahucios en los que éstos se negaron a actuar.
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