El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears ha condenado a Es Mercadal a pagar 1,5 millones de euros al joven que el verano de 2004 resultó gravemente herido tras caer al agua en el puerto de Fornells durante la celebración del jaleo de las fiestas patronales.
La sentencia, que es ya firme y por tanto, deja al Ayuntamiento sin posibilidades de interponer un recurso, obliga a la aseguradora a cubrir 308.000 euros del total de la cuantía y el resto, es decir, 1,2 millones, deben ser asumidos por el Consistorio que lidera Francesc Ametller.
El accidente tuvo lugar el 24 de julio de 2004 y dejó a Daniel Martín Pons, natural de Alaior y con 18 años, postrado en una silla de ruedas. La familia interpuso una demanda y el 12 de febrero de 2012 el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma de Mallorca desestimó el recurso interpuesto por la parte interesada contra el Ayuntamiento. La familia Martín Pons recurrió la sentencia y el pasado 27 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears estimó en favor del accidentado condenando al Ayuntamiento mercadalense a pagar en concepto de indemnización 1,5 millones de euros. Este importe supone una rebaja de un millón de euros sobre la cuantía que reclamaba la familia y que ascendía a 2,5 millones.
Al alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, la sentencia le ha caído como "un jarro de agua fría" al haberle precedido la desestimación de un primer recurso y de estar probada la implicación de un tercero en el accidente. Ametller asegura ser muy sensible con la parte humana y el criterio humanitario que puede haber pesado a la hora de estimar la sentencia y agrega que "entiendo que una persona impedida reciba un dinero para hacer más llevaderas sus dificultades". No obstante, asevera que "mi deber es defender el derecho de los vecinos del municipio".
Este nuevo escenario que se abre para el Ayuntamiento de Es Mercadal lastra aun más la situación de dificultad económicas que padecen ya de por sí las corporaciones locales a la hora de hacer frente a la gestión diaria de un municipio. Y es que, tal y como resalta el alcalde, el importe de 1,2 millones supone el 30 por ciento de la recaudación que el Ayuntamiento ingresará con el Impuesto de Bienes Inmuebles. Ametller asegura que este tipo de situaciones "desmoralizan" puesto que "luchas para tirar adelante un proyecto en medio de un marco complicadísimo, cuando luego te llegan este tipo de sentencias que desequilibran la situación".
El primer edil asegura que "acataremos la sentencia que ha dictaminado la Justicia". No obstante, confía en poder encontrar "fórmulas" que sean viables para el Ayuntamiento. El alcalde espera poder negociar con la familia estas vías para poder hacer frente a la indemnización, ya sea con el fraccionamiento de los pagos o con patrimonio municipal. Ametller indica que aunque la situación de las arcas municipales sea difícil "no vamos a tomar medidas drásticas que afecten directamente a los ciudadanos". Asimismo, señala la intención de llevar el tema a la junta de alcaldes puesto que "es una situación que puede ocurrir en cualquier municipio".
Por otra parte, Ametller pedirá al presidente del Ejecutivo autonómico apoyo económico para afrontar el pago de la sentencia que es, en palabras del alcalde "bastante lesiva" para el Ayuntamiento. El alcalde sustenta esta opción en el reciente caso de Ses Covetes de Campos, en Mallorca, y donde Bauzá se ha comprometido a pagar gran parte del derribo de los chalés. Pide además que tanto Govern como Consell saneen la deuda de tres millones de euros que mantienen aún con el Ayuntamiento. Ametller se ampara en la Ley 3/2003 de 26 marzo de Régimen Jurídico de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que, en el articulo 77.2 habla del deber de colaboración entre las administraciones. También se sustenta en la Ley 8/2000 de 27 octubre que contempla la posibilidad de que Consell y Govern puedan suscribir convenios con las distintas administraciones.
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