El Congreso de los Diputados aprobó el jueves la nueva Ley de Costas. En Menorca, la nueva normativa es recibida de manera totalmente diferente según el partido que la valore. Así, para el PP es un paso adelante, mientras que para el PSOE supone abrir la puerta a la urbanización de espacios ahora protegidos.
La senadora menorquina del PP, Juana Francis Pons, entiende que "con esta promesa cumplida del PP, aportamos mayor seguridad jurídica y ponemos soluciones a problemas que podrían haberse creado en el futuro". Así, Pons explica que "en el año 2018, cuando acababan las concesiones de edificios en dominio público otorgado por la anterior Ley. Si no se hubiera prorrogado este plazo, hubiéramos perdido puestos de trabajo, y en estos tiempos que corren no podemos permitírnoslo".
Sobre Menorca, la senadora especifica que la reducción de la zona de servidumbre a 20 metros en casos específicos "no afectará, pues no tenemos urbanizaciones en estos metros, y esta disposición no permite que se urbanice lo que hasta ahora no podía urbanizarse ni legaliza nada ilegal hasta ahora".
Sin embargo, el PSOE tiene una visión bien distinta sobre esta normativa. Joan Marquès avisa que "nos preocupa que se pueda facilitar una mayor ocupación del espacio ahora preservado, y que se creen expectativas de volver a incorporar el uso urbanístico en algunas zonas".
El portavoz socialista explica que actualmente el PTI establece una franja de 500 metros de protección desde el litoral para los terrenos rústicos. Esta delimitación era compatible con la anterior Ley de Costas, la de 1988. "Ahora debemos ver si la nueva Ley obliga a cambiar esta realidad, que no permitía la edificación de nuevos construcciones en suelo rústico dentro de este límite de 500 metros", apunta Marquès.
Marquès también alerta de las posibles consecuencias de una revisión del deslinde tras la aprobación de esta nueva norma. "Dudamos de si se posibilitarán nuevos usos urbanísticos, algo que queremos impedir", apunta. En esta línea trabaja el PSOE a nivel nacional estudiando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley "porque el legislado no puede privatizar un espacio que la Constitución ya ha fijado como dominio público". Así, Marquès concluye que "el PP prioriza la seguridad jurídica de los propietarios antes que el interés general".
La senadora menorquina destaca tres puntos de la Ley que afectarán directamente a Menorca. Así, apunta la posibilidad de celebración de eventos turísticos en playas urbanas "para dinamizar el mercado y el producto turístico", el aumento de seis meses a cuatro años del plazo para otorgar concesiones temporales de uso del dominio público "algo demandado por los sectores náuticos de Menorca", y el incremento en 75 años del plazo de concesión para que los residentes en edificios ubicados dentro del dominio público puedan seguir utilizando esta edificación.
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