La crisis nos ha acostumbrado a ver decenas de quiebras de promotoras inmobiliarias y constructoras. Generalmente, el guión era siempre el mismo, un proyecto que se inició en los tiempos en que parecía sobrar el dinero y que se topó con el batacazo de la crisis y la imposibilidad de vender lo construido. Sin embargo, en Menorca se vivió ayer el juicio de una historia supuestamente diferente. El punto de partida es el mismo, una promotora que quiebra y no puede acabar su proyecto. Sin embargo, en este caso la culpa, según la empresa, no es de la crisis, sino del banco.
El denunciante, como ya se publicó en este periódico, es la empresa Hotelera de Menorca SA, y el denunciado la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), actualmente propiedad del Banc de Sabadell. La controversia podría resumirse diciendo que la CAM concedió un préstamo a la promotora, y que a partir de una fecha determinada, dejó de aportar el dinero comprometido. La clave está en los motivos que cada parte entiende que provocan esta decisión. Para la acusación, es una estrategia de la entidad financiera para tapar sus problemas de liquidez y su mala gestión. Para la CAM, es la simple aplicación del contrato que vinculó a las dos partes cuando se formalizó el crédito.
El administrador de Hotelera de Menorca, que a la vez ejercía de abogado en el caso, Alfredo Luís Jiménez, entiende que la empresa, que cuando sucedieron los hechos no era de su propiedad, tenía derecho a disponer de más dinero del que la CAM le había entregado cuando tuvo que paralizar la obra por falta de financiación. Así, Jiménez asegura que la construcción estaba acabada en un 97,5 por ciento de su totalidad cuando la entidad financiera, según el letrado, "le cerró el grifo por la falta de liquidez de la CAM".
Sin embargo, desde la entidad financiera aseguran que la situación es muy diferente. Incluso afirman que la promotora recibió más dinero del que le correspondería a esas alturas de la obra, según lo pacto en el préstamo. Así, el abogado de la entidad financiera, Joan Buades, argumentó que el dinero debía entregarse en tres fases. Una primera, al inicio del préstamo. El 34 por ciento del dinero se iría entregando a medida que se certificaran las obras. Y el 45 por cien restante se facilitaría cuando se dispusiera del certificado final de obra y se vendieran los inmuebles. Ante estas cláusulas, Buades preguntó "¿dónde está el incumplimiento si la empresa ha dispuesto de mucho más dinero incluso del que le correspondería?".
En este punto, cabe recordar que el préstamo que pidió Hotelera de Menorca ascendía a unos ocho millones de euros. La empresa asegura que la entidad financiera le había facilitado algo menos de cuatro millones cuando en verano de 2007 tuvo que para la obra. La CAM asegura que realmente se le habían otorgado 5,5 millones de euros. Ambas partes aportaron informes periciales que sustentaban sus cálculos, y este tema también fue motivo de disputa durante el juicio.
De todos modos, Alfredo Luís Jiménez entiende que "sean tres o sean cinco los millones que se dispusieron, el incumplimiento del contrato es el mismo". Además, Jiménez aseguró que la CAM llevó a cabo en el año 2009 una "maquinación fraudulenta" al no notificarles el inicio del proceso de ejecución hipotecaria, es decir, que el banco se quedaba con la promoción al no poder pagar el crédito el promotor. Según Jiménez, la CAM no les notificó este proceso, algo que desde la entidad financiera desmienten y atribuyen el problema de la notificación " a una negligencia de la promotora".
En este proceso de ejecución hipotecaria, la promotora acusa a la entidad financiera de enriquecerse ilícitamente con 11 millones de euros. Así, le acusa de haberse quedado con el solar, valorado en más de seis millones de euros, y la obra, valorada en 4,1. Además, habría cobrado los intereses de un préstamo que, según la demandante, incumplió, lo que suma los once millones de euros. Con esta operación, además, la CAM se habría apropiado del dinero que puso de su bolsillo la promotora, casi 3,5 millones de euros, para compensar la parte que no ponía el banco y que sirvió para prácticamente acabar la obra.
Para el abogado de la entidad financiera, el caso debe verse como mucho como un posible incumplimiento de contrato, pues la ejecución hipotecaria ya se cerró en su momento. Además, sobre el posible incumplimiento, Buades aseguró en su apartado de conclusiones que "no se ha demostrado que se haya incumplido nada". De hecho, el letrado entiende que lo que pretende Hotelera de Menorca SA "es un pelotazo de quien ha comprado una empresa prácticamente gratis y ahora pide una indemnización de 17 millones de euros".
El juicio, que quedó visto para sentencia tras cuatro horas y media de vista, acabó con la ratificación de la petición de la indemnización por parte de Hotelera de Menorca, incluyendo una cantidad para el antiguo administrador de la empresa alegando cuestiones de salud, mientras que la defensa solicitó que no se tuviera en cuenta ninguna indemnización y que se declarara temeraria la demanda de la promotora.
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