Deberes. El sindicato pretende salvaguardar un sistema lingüístico arraigado al entorno - Gemma Andreu

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El sindicato STEI valora positivamente que un 70 por ciento de los padres y tutores legales hayan elegido el catalán como lengua de enseñanza de sus hijos. Este porcentaje expresa, según el sindicato, que una mayoría muy amplia de las familias apoya el trabajo realizado por los maestros, desde la transición hasta ahora, para hacer una escuela en catalán arraigada al entorno y coherente pedagógicamente.

Ante esta situación, el sindicato denuncia que el Govern no remedie los problemas actuales como el fracaso escolar. Además, "el Ejecutivo no responde a otra gran demanda social y educativa que es la estabilidad legislativa en materia de educación. "Hace tiempo que solicitamos un pacto social y político por la educación que dé estabilidad al sistema", pero "continúan cambiando las leyes y normativas sin el consenso necesario para aplicarlas", señala.

Asimismo, el STEI mantuvo una reunión con miembros de toda la comunidad educativa en el campus de la UIB para tratar los efectos negativos de la aplicación del Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (Decreto TIL) en el sistema educativo y para consensuar acciones conjuntas y coordinadas con el fin de salvaguardar un sistema lingüístico escolar que funciona.

El sindicato solicita a la Universitat de les Illes Balears, entidad consultiva en materia de lengua catalana tal como lo prevé el Estatut d'Autonomia, un informe sintético sobre el estado de la normalización lingüística en las islas con el fin de poderlo adjuntar al argumentario de la impugnación del Decreto TIL que el STEI prevé trasladar a los Tribunales de Justicia antes del 19 de este mes.

Para el STEI, tal y como argumenta en la carta dirigida al departamento de filología catalana y lingüística general de la UIB, el Decreto TIL que el gobierno de Bauzá prevé implantar durante el curso 2013-2014 en los centros educativos de Balears, "en vez de regular una normalización progresiva de la lengua catalana impone una regresión en la normalización del catalán a los centros educativos", puesto que "reduce la presencia del catalán de un 50 a un 30 por ciento o, en el peor de los casos, en un 20 por ciento".