Las empresas de alquiler de coches solo han matriculado cinco vehículos en Menorca. Son datos de mayo, el mes que concentra tradicionalmente el mayor volumen de matriculaciones por estar a las puertas de la temporada alta. La cifra, ya de por sí ridícula, empequeñece aún más cuando se compara con los 916 vehículos matriculados el año pasado en el mismo período.
La explicación parece evidente: los 'rent a car' de la Isla han cumplido su amenaza de matricular los nuevos turismos en ciudades peninsulares, principalmente de Madrid y Catalunya, como señal de protesta ante la intención del Govern de gravar con un "impuesto verde" su actividad. Resulta obvio, pues, que la decisión del Ejecutivo balear de aplazar hasta otoño la aplicación de la nueva tasa, junto con las otras medidas previstas en el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, ha llegado tarde.
"Las empresas se han visto obligadas a tomar esta decisión", apuntó ayer María García, secretaria de la Asociación Empresarial Menorquina de Alquiler sin Conductor. Sea como fuere, lo cierto es que a nadie debería pillar por sorpresa este hundimiento de las matriculaciones en Menorca, más teniendo en cuenta que Joana Capó, presidenta de la asociación, viene anunciándolo desde que el Govern diera a conocer sus planes a finales del año pasado.
Baja la recaudación
Con todo, las víctimas finales de este desencuentro han sido otras: los ayuntamientos. Y es que, tomando como referencia el volumen de matriculaciones del año pasado y partiendo de que en Menorca se puede llegar a pagar hasta 65 euros al año por el impuesto de circulación de turismos de tipo medio, es decir, con una potencia fiscal de once caballos, la administración local habría dejado de ingresar casi 60.000 euros.
Y eso sin tener en cuenta que una parte importante de la flota de los rent a car se correspondería con potencias fiscales superiores, entre los 12 y los 16 caballos. En este caso el gravamen podría llegar a los 140 euros anuales, disparándose así el volumen de ingresos que dejarían de percibir los ayuntamientos menorquines.
Los empresarios son conscientes de la repercusión que una decisión de este calado tiene para la administración local, más en un momento de dificultad económica como el actual, pero insisten en que con la implementación, ahora aplazada, de una medida de este tipo el Govern balear ponía en jaque la viabilidad de sus negocios.
Según las cifras que maneja el sector, de aprobarse esta tasa –cabe puntualizar que su aplicación se ha aplazado hasta después de la temporada turística, en ningún caso el Ejecutivo que preside José Ramón Bauzá ha anunciado su desaparición- el coste se encarecería entre 3,5 y 5,5 euros por vehículo y día, una cifra que se incrementaría hasta los 9 euros para los modelos de gama alta.
"Esta decisión no se ha tomado a la ligera, con alegría, más bien al contrario", adujo al respecto María García que, a su vez, quiso dejar claro que "las empresas locales siempre han matriculado sus vehículos aquí y lo hubieran seguido haciendo en otras circunstancias".
Y ello a pesar de que hace tiempo que se viene detectando una tendencia creciente a la deslocalización en las matriculaciones como consecuencia de la flexibilidad de la Dirección General de Tráfico en la aplicación de las normas de inscripción de vehículos en los municipios. "No hacemos nada nuevo, las grandes empresas que operan en Menorca lo vienen haciendo desde siempre", comentó a este respecto García.
Plan de Calidad del Aire
El Consejo de Ministro aprobó en abril el nuevo Plan de Calidad del Aire para el período 2013-2016, con 78 medidas entre las que se prevé la modificación del impuesto de circulación para vincularlo a criterios medioambientales.
La reforma de este gravamen, que se consensuará con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con la intención de que entre en vigor el próximo año, supondrá gravar más a los vehículos que, "por su antigüedad, producen mayores emisiones a la atmósfera", según recoge el texto.
Todo apunta a que el Gobierno central facilitará a los ayuntamientos cierto margen de maniobra para elegir el tipo a aplicar. El impuesto de circulación aportó a las arcas municipales 2.807 millones de euros en 2011.
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