No reclaman una revisión en profundidad del Plan Territorial Insular porque consideran, de hecho, que es el instrumento que ha permitido salvaguardar los valores naturales y paisajísticos que distinguen Menorca como un destino único dentro de la cuenca mediterránea. No obstante, todos coinciden en la importancia de realizar cambios puntuales para corregir determinadas deficiencias en su redactado y, de este modo, eliminar trabas que obstaculizan la ejecución de inversiones, principalmente en suelo rústico, aunque también en zonas turísticas. Eso sí, siempre desde un planteamiento participativo y con la finalidad de buscar una solución de consenso como única forma de "asegurar la perdurabilidad de la norma en el tiempo".
Ésta es, en términos generales, la opinión expresada por los arquitectos a raíz del debate abierto en torno a la Norma Territorial Transitoria (NTT) que prepara el Consell como paso previo a la revisión del PTI, un orden cronológico que, sin embargo, genera más de una duda, como ya expresaron antes de ayer los representantes de las asociaciones de constructores y promotores de la isla. "Da la impresión de que en lugar de proceder a una modificación puntual y ágil de determinados aspectos para luego dar paso a un proceso más participativo, desde el Consell se ha optado por hacer directamente con la NTT una revisión del PTI", resumió ayer el arquitecto Enric Vilardell, lo que entre estos profesionales "produce decepción y plantea muchas dudas".
El caso es que dos años después de su llegada al poder, el gobierno que preside Santiago Tadeo todavía no ha conseguido hacer realidad su principal promesa electoral: la modificación del PTI. A nadie escapa que se trata de una tarea ardua; por eso, recalcan constructores y arquitectos, se planteó la posibilidad de avanzar algunos cambios a través de una normativa transitoria. Sin embargo, a estas alturas y sin ningún borrador que poder consultar, la desconfianza ha acabado tomando cuerpo.
"Parecía que la dinamización de la economía era uno de los objetivos del PP y eso requería del cumplimiento de unos plazos, cosa que no se ha producido", señaló el arquitecto Enric Taltavull quien, por otra parte, apuntó a la aplicación de las leyes turística y de ordenación urbanística aprobadas recientemente por el Parlament balear como causantes de "pequeños problemas y ciertas complicaciones". "Ha podido haber por parte del Govern un cierto desconocimiento de la realidad de Menorca", dijo al respecto.
Sea como fuere, remachó, "se ha tomado un camino equivocado en lo relativo al procedimiento administrativo ya que se trataba de hacer una modificación del PTI y abrir el debate". Esta es también la opinión de los arquitectos Juan José Gomila y Enric Vilardell. "Estos instrumentos de ordenación territorial tienen que ser fuente de consenso social para garantizar su eficacia y perdurabilidad en el tiempo y, visto lo visto, es posible que lo que surja de este proceso tenga las horas contadas", esgrimió el segundo. Para el primero "han restado espacio a la participación con la excusa de dar una respuesta inmediata a según qué problemas y al final se ha demostrado que no ha sido más rápido".
Se demuestra que, ahora mismo y sin conocer el detalle de la nueva norma, lo que más preocupa a constructores y arquitectos es el cómo y el cuándo. En el contenido, más o menos, coinciden todos. Los tres arquitectos consultados también ponen el punto de mira en las obras de reforma, rehabilitación y mantenimiento –actividades que consideran prioritarias en este momento- en suelo rústico que, a su entender, acumulan "excesivos retrasos". Puntualizan, sin embargo, que cualquier cambio en este sentido en las reglas de ordenación territorial debería reconocer el uso residencial habitual que se da a los edificios.
"El PTI en rústico fue muy estricto y ahora se tiene que poder dar una cierta libertad a los 'casats' ya consolidados. En ningún caso hablamos de que cualquier boyera se convierta en una vivienda, eso sería un disparate", razonó Gomila. Otro de los problemas al que el PTI no ha dado solución es el de los núcleos rurales, así como a la tramitación de establecimientos hoteleros en el campo. "No puede ser que tengan que pasar cuatro o cinco años para abrir un turismo rural", denunció Vilardell, a lo que Taltavull añadió que "es sorprendente que un hotel rural no pueda tener un restaurante abierto al público".
Las peticiones de cambios atañen también a las zonas turísticas y, más concretamente, a los límites impuestos a través del PTI a la construcción de bloques de apartamentos. "En mi opinión optar únicamente por una modalidad expansiva –en alusión a las viviendas unifamiliares- fue un error ya que ha conducido a la aparición de decenas de casas que, además, están vacías", explicó ayer Vilardell. Otra reivindicación unánime, si bien afecta directamente a los ayuntamientos, es la que persigue una mayor agilidad en la tramitación de licencias municipales.
Con todo, subrayan que el marco establecido por el PTI de 2003 es adecuado para la realidad de Menorca y que las modificaciones tendrían que ir encaminadas, en gran parte, a facilitar la ejecución de obras de pequeña y mediana envergadura. Juan José Gomila lo resumió así: "Creo más en las pequeñas inversiones que en los grandes proyectos. Se ha demostrado que en las grandes obras los técnicos, los trabajadores, la maquinaria, todos los recursos, vienen de fuera y aquí lo único que queda es el edificio. En cambio, las pequeñas inversiones, aparte de tener un menor impacto ambiental y paisajístico, son la que más ayudan a activar la economía local".
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