¿Existe responsabilidad política en el caso Cesgarden? ¿Son los partidos de izquierdas que aprobaron el Plan Territorial Insular en 2003 responsables de la indemnización millonaria que ahora debe abonar el Consell a la promotora? PSOE y PSM tienen claro que no. El PP prefiere de momento mantenerse al margen de este asunto hasta que no se resuelva el modo de pago de la compensación, aunque sin esconder que seguramente sí.
El conseller socialista Joan Marquès considera que no se puede vincular la sentencia del caso Cesgarden, que obliga al Consell a pagar 16 millones de euros más intereses a la empresa por la reducción de los derechos urbanizatorios en unos terrenos de Son Bou, al modelo territorial definido mediante el PTI. "La sentencia se perdió por una cuestión de estrategia procesal, que fue equivocada. El recurso posterior fue rechazado por una cuestión de forma", sin entrar en el fondo de la cuestión.
Marquès rechaza que el PSOE deba asumir una responsabilidad política por el caso Cesgarden. "No es una cuestión de modelo, la solidez jurídica del PTI está asegurada por las numerosas sentencias favorables. No se puede vincular esta sentencia al documento.
Ya se ha demostrado la seguridad jurídica del PTI, lo que ocurrió fue que no se afrontó como tocaba una cuestión puntual".
Desde el PSM, partido que en 2003, cuando se aprobó el PTI, también estaba en el equipo de gobierno, Maite Salord se expresa en el mismo sentido. "Es el único contencioso que se ha perdido y ni siquiera entra en el fondo de la cuestión, es un problema de forma, no se cuestiona el modelo". La sentencia, dice Salord, "no ataca al PTI ni a su modelo, la defensa no fue la adecuada por una cuestión de formas".
Las responsabilidad políticas en el caso Cesgarden no son ahora la principal preocupación del presidente del Consell, Santiago Tadeo, centrado en encontrar un modo de pago de la indemnización que sea lo menos nocivo posible para el funcionamiento del Consell. En el pleno del lunes habló de pagar en 32 anualidades de 1,3 millones de euros, lo que elevaría la cantidad finalmente satisfecha a 44 millones. "Y es solo el primer punto de la sentencia, luego quedan otros". Estos están pendientes de cuantificar, lo que incrementa el temor en el equipo de gobierno.
"Lo de la responsabilidad política ahora es secundario, ya se verá cuando esté todo resuelto", afirmó ayer Santiago Tadeo. Aún así, recuerda que en las distintas modificaciones que se hizo del PTI el asunto de Son Bou nunca se abordó, como sí se hizo con otros contenciosos.
Ahora la cosa está en manos del juez y de las negociaciones que puedan haber con la propiedad de los terrenos hasta que aquel convoque una nueva vista para determinar, de forma definitiva, el modo de pago de la indemnización. Al parecer, desde Cesgarden están poco dispuestos a aceptar un pago a tan largo plazo, ya que consideran que 32 años es un tiempo exagerado, fuera de lo razonable. No obstante, fuentes cercanas a la empresa agradecen que se hable ya definitivamente de pago en efectivo y abren la puerta a que los plazos se puedan negociar, aunque con horizontes más cercanos.
El abono de la indemnización mediante solares o derechos urbanísticos se descarta por ser una propuesta voluntarista, poco realista. Cabe señalar que incluso el pago a plazos depende también de la voluntad de la demandante. En este caso lo aceptaría, aunque en mucho menos tiempo, sobre los cinco años, según indicó Tadeo en el pleno del lunes.
Alarmismo
El nivel de alarma y preocupación por el hecho de tener que pagar tanto dinero de forma inmediata es elevado en el equipo de gobierno, ya que ven imposible asumir la indemnización en pocos plazos sin recortar servicios tan básicos como los sociales.
Entienden que el esfuerzo que está haciendo por ajustar gastos y maximizar los recursos es muy alto, por lo que ahora los pagos a Cesgarden se convertirán en una verdadera puñalada a las cuentas del Consell.
Desde el PSOE relativizan este alarmismo. "La sentencia no puede afectar en ningún caso a los servicios básicos del Consell, el equipo de gobierno debe tener maneras de actuar y evitarlo. Hay otras vías", afirmó ayer Joan Marquès sin entrar a detallar cuáles son. El conseller socialista insiste en que "hay fórmulas distintas, ya les hemos transmitido al equipo de gobierno - lo hizo durante el pleno del lunes - que en cuanto el juez haya dictado la ejecutoria nos sentaremos y lo hablaremos de forma sosegada".
Marqués acusa además al PP de "usar la sentencia de Cesgarden para esconder un cambio de modelo urbanístico, y esto es lo que tiene que clarificar, se quiere volver al modelo desarrollista anterior a 1997".
Tadeo rechaza este argumentario. "No hay margen para buscar fórmulas, si Cesgarden no hubiera aceptado el pasado martes un aplazamiento de la vista del jueves, ahora ya tendríamos que estar pagando la indemnización. No todo se puede hacer", comenta el presidente.
De hecho, el equipo de gobierno del PP se ha asesorado de forma concienzuda al respecto, como es lógico. La decisión del juez se aplazó hasta septiembre, tiempo para seguir negociando y buscando alternativas.
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