Movilización. La protesta de Maó derivó en la dimisión del delegado territorial y puede acabar en huelga - Archivo

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Después de los expedientes sancionadores abiertos a los tres directores de institutos de Maó y la dimisión del delegado territorial de Educación, ya hay una fecha marcada en el calendario para que el conflicto pueda desembocar en una huelga en el sector público de la enseñanza. La comisión permanente de la Ejecutiva del sindicato STEi, reunida ayer en una sesión extraordinaria celebrada en Palma y ampliada con representantes de las Pitiusas y de Menorca, acordó llamar a los docentes a la huelga el día del inicio de curso, el próximo 13 de septiembre.

La propuesta será trasladada el día 2 de septiembre a las asambleas de afiliados del sindicato, que se convocarán de forma simultánea en todas las Islas, y que serán las encargadas de votar, y ratificar si así se decide, la huelga del inicio del curso escolar 2013-2014. La Ejecutiva propone ir a la huelga indefinida "o huelga sostenida en el tiempo, si la asamblea de afiliados así lo decide".

Además, el STEI plantea a los docentes que, dentro de la primera semana de septiembre, se realicen asambleas en los centros escolares para ratificar el calendario de movilizaciones. La comisión acordó también trasladar al resto de organizaciones sindicales su propuesta para conseguir el máximo apoyo y unidad.

El curso "no podía comenzar con normalidad después de todo lo que ha pasado", señaló ayer un representante del sindicato, que ha reiterado a la Conselleria de Educación su petición de iniciar un proceso negociador "que pase por la retirada inmediata de los expedientes sancionadores a los directores de los institutos de Menorca".

En un comunicado, el STEI recordó que la solicitud de retirada de los expedientes ya se formuló en un escrito registrado en la Conselleria el pasado día 1, en el que también se pide que el Govern dé marcha atrás en la implantación del decreto de Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) y la ley de símbolos, al mismo tiempo que se reivindica "la recuperación de las plantillas, de los derechos sociales, laborales y económicos tanto del profesorado funcionario de carrera como de los interinos, y la recuperación de las medidas que favorecen la atención al alumnado y a la comunidad educativa, y que tenían antes de los recortes llevados a cabo por el gobierno autonómico".