Oposición. Los socialistas Juan Carlos Mezquida, Elena Costa y Vicenç Tur, a la salida de la comisión - Gemma Andreu

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Dos frentes persiguen por vías distintas la restitución de la normalidad en los tres institutos de Maó. Por un lado los directores expedientados cuentan desde la semana pasada con una abogada y pretenden interponer esta misma semana un recurso contra las medidas cautelares adoptadas contra ellos por la Conselleria de Educación, es decir, su suspensión cautelar de funciones mientras se instruyen los expedientes abiertos por desobediencia en el proceso de aplicación del proyecto TIL (Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas). La decisión de recurrir la suspensión se basa en unos informes jurídicos 'ajenos' a los que han tenido acceso.

Otra vía es la política, y el PSOE ha cogido la bandera. Tras la negativa del PP a permitir la comparecencia en el Parlament tanto de la consellera Camps como del presidente Bauzá, y la del Consell a debatir el asunto en un pleno extraordinario, el frente de las operaciones se ha trasladado al Ayuntamiento de Maó.

En el terreno municipal el PSOE cuenta con una ventaja, y es que la legislación vigente le permite forzar tanto comisiones informativas como plenos de carácter extraordinario (es suficiente con contar con seis concejales, y tiene ocho). Por este imperativo legal, ayer se celebró una comisión informativa sobre la situación en los tres institutos y los socialistas se guardan de momento la bala de la convocatoria del pleno, a la espera de ver como reacciona la Conselleria y como comienza el curso escolar.

El concejal socialista Vicenç Tur expresó tras la reunión su decepción por el posicionamiento de la alcaldesa, Águeda Reynés, y el primer teniente de alcaldía, Simón Gornés, quienes sostuvieron que la controversia surge de un mero "procedimiento administrativo", sin margen para la interpretación política y sujeto solo, según una nota emitida por el equipo de gobierno municipal del PP, "al cumplimiento normativo".

Tur no está de acuerdo, considera que los expedientes son una decisión política, y lo demuestra que se abrieran sin diálogo ni informes previos, pocas horas después de que los tres institutos comunicaran a la Conselleria el resultado del proceso relativo a la tramitación de las enmiendas presentadas por el Govern al proyecto TIL. "Echamos en falta el liderazgo del Ayuntamiento en la defensa de la comunidad educativa de Maó, tiene que actuar políticamente", comentó Tur, quien pidió que al menos se pida a la Conselleria máxima celebridad en el proceso.

En su comunicado, el PP se manifiesta preocupado por el caso. Expresa que su interés prioritario son los padres y alumnos, "con los que comparte el objetivo de garantizar un curso escolar libre de polémica política y provechoso con un sistema desde el punto de vista educativo moderno y avanzado". La alcaldesa manifiesta su "plena confianza en el diálogo".

Tur no acepta que desde el PP se defienda que el curso empezará con total normalidad cuando "más de 2.000 alumnos están sin director y pueden generarse problemas de funcionamiento en los centros". Según Tur, el concejal Gornés defendió la apertura de los expedientes porque ni directores ni consejos escolares pueden ir contra la ley.