El Govern balear reconoció el pasado julio mantener una deuda con el Consell de Menorca, en calidad de proveedor de la Comunidad Autónoma, de 9 millones de euros pero el Ejecutivo insular no se conforma con dicha cifra. El gobierno que preside Santiago Tadeo ha revisado la lista de sus facturas pendientes de cobro y ha elevado su reclamación en 12,7 millones de euros, lo que sitúa la deuda total que quiere cobrar el Consell, a través del tercer plan estatal de pago a proveedores, en 21,7 millones.
La consellera de Servicios Generales, Trabajo e Innovación, Pilar Pons, ha señalado que el Consell, como un proveedor más, ha revisado la lista del Govern balear «y hemos solicitado que se incluyan otros conceptos que, a nuestro entender, se pueden acoger a este mecanismo». Entre esas facturas pendientes el gobierno insular incluye algunas anualidades del convenio de Carreteras, así como otras cantidades correspondientes al convenio de Turismo del ejercicio 2010, y a los convenios en materias de Bienestar Social, Formación o para la prestación de servicios.
«Ahora es una cuestión de interpretación, nosotros entendemos que esos conceptos sí se pueden incluir», ha afirmado Pons, «pero realmente se tendrá que hacer después una valoración por parte de la Comunidad». La consellera espera que el procedimiento concluya a finales de octubre o principios de noviembre a más tardar, de modo que, tanto las empresas acreedoras del Consell como la propia institución puedan cobrar.
La incógnita es si los pagos pendientes se efectuarán mediante una operación de crédito -como en la ocasión anterior, en que se concertó con el BBVA de acuerdo con las condiciones fijadas por el plan-, o si la Administración insular podrá saldar sus facturas con el dinero que cobre, como acreedora, del Govern balear. En el primer plan de proveedores el Consell se endeudó por una cantidad de 4,3 millones de euros «pero con facilidades, a diez años y con tipos de interés más bajos», ha explicado Pons.
De otro modo, las instituciones tendrían serias dificultades para conseguir financiación bancaria. «Ahora aguardamos las instrucciones para saber cómo se llevará a cabo la operación de endeudamiento, si seremos nosotros u otra Administración, y de cuál será la cantidad que se nos abonará», asegura Pons, quien recuerda que el plan cumple con el objetivo de «poner el contador de las administraciones a cero» y acabar con una morosidad que ha puesto en dificultades a las pymes, que en algunos casos optaron por no trabajar para las instituciones. Otra consecuencia de que el Govern pague al Consell es que éste a su vez podrá ponerse al día con los ayuntamientos.
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