Una parte de los participantes bailando en la plaza Pare Camps - Kika Triay

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Más de 2.000 personas según los organizadores participaron ayer en la iniciativa «Junts feim camí per l'educació» que organizó la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Menorca (FAPMA)para dejar claro que en materia educativa, la lucha contra la política del Govern balear no ha terminado.

900 de los participantes de todos los puntos de Menorca llegaron a pie hasta el recinto ferial de Es Mercadal a pie. Aestos valientes hay que sumar los participantes que optaron por el coche para acudir a la cita. Los organizadores sirvieron 1.200 raciones de paella, y calculan que otros 300 asistentes se trajeron su propia comida de casa, y que varios centenares de personas participaron en la protesta pero no quedaron a comer en las instalaciones de Es Mercadal.

En sus intervenciones, los organizadores de la marcha aseguraron que«no aceptamos políticas absurdas ni autoritarias», y ése es, añadieron, el motivo de persistir en su oposición a las decisiones de la Conselleria de Educación que dirige la menorquina Joana Maria Camps.

De hecho, la marcha de ayer insistía en las peticiones que la comunidad educativa lleva formulando desde que estalló el conflicto, es decir, la retirada de los expedientes a los directores de los tres institutos de secundaria de Maó y el aplazamiento de la aplicación delTIL.

Los organizadores señalaron como uno de los pilares de esta protesta la unión suscitada en la sociedad frente a la política delGovern balear. «Lo que más impresiona de este movimiento es la solidaridad entre ciudadanos, nos hemos salido del guión de esta crisis, en la que son muchos los que miran de salvarse a sí mismos sin pensar en los demás. Hemos captado y mostrado el mensaje que todos debemos estar unidos en busca de un objetivo común», explicó el presidente de la FAPMA, Josep Castells.

«Todo lo que hacemos tiene un resultado, y esta marcha de hoy también la tendrá», opinó Castells, quien comparó la protesta en el mundo educativo con la oposición a proyectos como la reforma de la carretera general o el dragado del puerto de Maó. «En estas actuaciones se ha demostrado que el empuje de la sociedad civil tiene capacidad para modificar estos proyectos. Con la educación debe pasar igual», concluyó.