El alcalde de Sant Lluís, Cristóbal Coll, se muestra confiado en que la promotora Orfila, S.L. mantendrá su compromiso de aceptar un convenio urbanístico que le permitiría construir 30 viviendas unifamiliares en una parcela de Son Ganxo, donde en la actualidad solo puede edificar cuatro viviendas y, con ello, eludir el pago de una indemnización de 9,5 millones.
Para ello, el Ayuntamiento tramitó a principios de verano la inclusión de esta propuesta en la Norma Territorial Cautelar, con el objetivo de evitar el pago de una indemnización que entonces ya se presumía millonaria. Una reciente sentencia judicial ha fijado el importe de la misma en poco más de seis millones de euros, más intereses los intereses devengados desde la aprobación del PTI en 2003. El importe total calculado esta misma semana, una vez conocida la sentencia firme, alcanza ya 9,5 millones de euros.
La historia de la urbanización de dicha parcela urbana se remonta a 1997, cuando el pleno celebrado el 6 de agosto aprobó suscribir un convenio urbanístico con Orfila,S.L, con los votos del equipo de gobierno, formado por PSOE, Independientes y PSM, y el voto en contra del PP. El convenio se firmó una semana después.
Acuerdo
El Ayuntamiento de Sant Lluís se comprometió a modificar las Normas Subsidiarias (NNSS) en el ámbito de la costa para habilitar en dicha parcela suelo residencial extensivo concentrado, incluyendo el uso turístico. La ocupación de la edificación se fijó en el 30 por ciento del solar y en planta baja (con opción a una segunda planta menor, según la topografía), con la excepción de un solo edificio de 3.500 metros cúbicos para los servicios comunes. Es decir, de 22 viviendas unifamiliares a construir en solo la mitad de la parcela, se pasaba a 118 apartamentos que podían levantarse en toda la susperficie de la misma.
Por su parte, la promotora adquirió el compromiso de desistir de un contencioso contra el Ayuntamiento por la delimitación poligonal del sector, la cesión de una zona verde y aparcamiento, y el pago de 110.000 euros por el asfaltado del vial de enlace de Son Remei con Son Ganxo, del IBI y de la plusvalía de los terrenos.
El Ayuntamiento no llegó a modificar las NNSS para permitir el convenio urbanístico, que no pudo ejecutarse tras la aprobación de la Norma Cautelar Territorial en 2000 y del PTI en 2003. Por ello, la promotora presentó el año siguiente un contencioso contra el Ayuntamiento por incumplimiento del convenio y por no atender a su petición de indemnizarle por daños y perjuicios.
Después de nueve años de batalla judicial, la promotora ha visto reconocido su derecho a ser indemnizada con 6 millones de euros más intereses.
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