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La regulación del alquiler turístico anunciada por el Consell no contenta de momento a ninguna de las patronales implicadas. La vía intermedia -con la que se ampliará la tipología de viviendas que se pueden comercializar pero no se da libertad total a la actividad-, se considera un paso positivo pero insuficiente por parte de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa (PIME) y prematuro para la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME), dado el poco tiempo de vigencia de la reforma de la Ley Turística de Balears, aprobada en julio de 2012 por el Parlament.

El nuevo escenario debe de quedar claro lo antes posible, ese es el único punto de coincidencia de los empresarios, para evitar la inseguridad jurídica que puede generar el cambio.

La secretaria general de PIME-Menorca, María García, reclamó ayer que la modificación de la Ley Turística por parte del Govern, como paso previo a la aprobación del reglamento insular, se ponga en marcha de forma «urgente e inmediata, ya que quien quiera poner ese tipo de viviendas en el mercado lo tiene que saber a finales de año, hay que velar por la seguridad jurídica de los propietarios», señaló. Al mismo tiempo, los plazos para comercializar las nuevas tipologías (edificios colindantes en centros urbanos, casas de fincas rurales independientes y complejos mixtos de apartamentos) empiezan a correr, si los dueños de estas viviendas quieren alquilarlas la próxima temporada.

García declaró que «lo que hemos pedido al Consell y al Govern es que tengan una visión amplia, porque así no todos los menorquines podrán incorporarse al mercado turístico, quedan fuera opciones de viviendas que ahora se están alquilando y no podemos taparnos los ojos a la realidad de una demanda que existe».


Sin agravios

Por su parte, el presidente de la patronal hotelera, Joan Melis, criticó la premura del cambio «cuando hace un año que se aprobó por consenso la modificación de la Ley Turística, aún no se ha desarrollado y ya se piensa en nuevas figuras». El empresario lamentó que se transmita la imagen de que los establecimientos son «los malos», cuando «cumplimos unas normas muy estrictas y pasamos controles que requieren inversiones constantes». Cualquier cambio, añadió, «espero que se haga con sensatez» y que, «mientras se toman las decisiones, se cumpla la ley, sin agravios comparativos».