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El PSOE no se siente responsable de lo dispuesto ahora por la agencia financiera del Estado, el ICO, que obliga al Consell a devolver antes del viernes los 1,6 millones de un préstamo para obras turísticas que le concedió en 2006 más otros 659.000 euros de intereses. Los socialistas culpan de la urgencia al presidente Santiago Tadeo y a la «nula capacidad negociadora» que han demostrado tanto él como su consellera de Turismo y la alcaldesa de Maó.«En estos últimos meses, nada ha cambiado. Solo la incapacidad del equipo de gobierno del Consell a la hora de negociar ha impedido resolver la cuestión referente a los intereses, ya que el capital, al tratarse de un crédito, siempre ha tenido que devolverse».

Es más, el PSOE remarca que en modo alguno se destinó la partida a gasto corriente, ya que «la obra llegó a ejecutarse y, gracias al trabajo de los anteriores gobiernos del Consell y el Ayuntamiento de Maó, hoy en día centenares de niños entrenan y juegan en el nuevo campo de Bintaufa».

En principio, se recurrió a los Fondos para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT) para financiar un centro hípico en Sant Lluís presupuestado en 6 millones, pero la inadecuación urbanística obligó a plantear una alternativa, que el gobierno de Maó aprovechó para mejorar las instalaciones de la zona deportiva de Bintaufa. No obstante, el cambio no fue autorizado.

Hace medio año, ambas instituciones intentaron convencer a los responsables del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, pero ni siquiera el desplazamiento de la alcaldesa a Madrid sirvió para desbloquear la situación. Y el PSOE se ampara ahora en «la negativa del Estado» para responsabilizar al PP.


Ni un proyecto nuevo

El expresidente del Consell, Marc Pons, recuerda que «han tenido dos años para intentar justificar la obra conforme al convenio firmado en su día y trabajar a nivel político para evitar la situación actual pero, no solo no han hecho nada sino que, además, ahora deberán modificar el presupuesto del Consell apenas tres días después de haberlo presentado para contemplar los 650.000 euros de intereses que el ICO les reclama».
En cualquier caso, apunta, «se trata del enésimo debate sobre proyectos que iniciamos en el mandato anterior, puesto que ellos han sido incapaces de impulsar un solo proyecto nuevo en sus más de dos años de gobierno. Y tampoco saben gestionar siquiera los que heredaron».