El presidente del Consell, Santiago Tadeo, anunció ayer que remitirá la información sobre el caso Cesgarden al Colegio Oficial de Abogados de les Illes Balears (COAIB) para conocer «si hubo una actuación negligente» por parte de la defensa letrada de la institución en el proceso que ha desembocado en una sentencia firme que le obliga a pagar casi 29 millones de euros a la promotora urbanística.
En respuesta al interpelación del Grupo Socialista, Tadeo avanzó que existen indicios sobre esta supuesta mala praxis por parte del letrado que se encargó de defender a la institución y apuntó a algunas de estas dudas que ahora quieren que resuelva el órgano colegiado de los abogados de Balears.
Dichos indicios, apuntados por el informe jurídico externo que analizó el caso tras la sentencia, se fundamentan, por un lado, en que el abogado «no dijo nada» ante las reiteradas advertencias del juez sobre las condiciones de la sustitución procesal del recurrente, (de Siteme a Cesgarden).
Por otro, el hecho de que la defensa jurídica de la institución no presentó ningún peritaje alternativo de las 128 plazas turísticas que la promotora no pudo construir por la aprobación del Plan Territorial Insular (PTI), y que la acusación estableció en 16 millones de euros a pesar de que ni tan siquiera tenía licencia urbanística para construirlas.
Vías de actuación
La del análisis de la defensa del caso, explicó Tadeo, es una de las vías de actuación que en estos momentos tiene abiertas el equipo de gobierno. Paralelamente, explicó, se analizará «por la vía administrativa», con los servicios del Consell, «la actuación política y técnica» durante el anterior mandato.
En ese sentido, el presidente, se preguntó en varias ocasiones la razón por la que el equipo de gobierno de PSOE y PSM no buscó un acuerdo por la vía del convenio con la promotora en el momento en que revisó el PTI en el año 2006: «Qué criterios les llevó a buscar acuerdo en otros casos y no en este?».
El portavoz de los socialistas, Joan Marqués, esgrimió como razones para no haber llegado a ese acuerdo, por un lado, el hecho de que la promotora no tuviese licencia, y que hacía pensar a la defensa que existían pocas posibilidades de que una demanda prosperase, y, por otro, que «nadie nos lo pidió».
Tadeo explicó que en función del resultado de ese análisis de las actuaciones y de las responsabilidades que se deriven «actuaremos en consecuencia», aunque no quiso aclarar si pretendían reclamar responsabilidades patrimoniales a los responsables políticos de esa época.
Marqués había registrado la interpelación con la intención de conocer los pasos que iba a seguir el equipo de gobierno en relación a la opción de presentar un recurso de revisión de la sentencia. En ese sentido, Tadeo, remarcó que «los indicios no son pruebas» y recordó en qué casos se puede acudir a ese recurso extraordinario y el riesgo que supone para la institución «realizar acusaciones falsas».
Sin llegar a descartar abiertamente esa opción, Tadeo remarcó que es muy complicada y reiteró la necesidad de hallar pruebas de un falso testimonio, falsedad documental, cohecho, prevaricación, etc., En ese sentido, invitó a Marqués a que si grupo puede aportar nuevos documentos o pruebas que lo haga.
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