A la izquierda del orador, los expedientados Jaume Bonet, Rafel Andreu y Margarita Seguí | Joan Torres

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Unas 250 personas se han concentrado en la tarde del lunes frente al Consolat de Mar para exigir la retirada de los expedientes a los directores de centros eduactivos, así como para pedir al Govern que se retome la vía de la negociación y el diálogo en el conflicto educativo.

Durante el acto, que se ha celebrado bajo un fuerte aguacero, se ha leído un manifiesto en el que los directores aseguran que a lo largo de los últimos meses han pedido a la Conselleria diálogo y consenso para superar el conflicto, obteniendo a cambio nada más que "amenazas, sanciones y siendo cuestionados profesionalmente y menospreciados públicamente por los portavoces del Govern en el Parlament".

Por ello, el colectivo ha decidido salira a la calle acompañados de "cuatro compañeros injustamente expedientados": Jaume March, jaume Bonet, Rafel Andreu y Margalida Seguí, además de sindicatos, asociaciones de padres y madres y de numerosos compañeros del colectivo docente.

Precisamente, en el comunicado se ha querido reiterar el apoyo a los directores expedientados, calificando la medida de "completamente injusta". Por ello, exigen el cierre de los expedientes abiertos y el cese definitivo de esta "estrategia intimidatoria y represiva de Eduació".

Los manifestantes denuncian, además, la "situación insostenible" de los equipos directivos y exigen que se retomen las negociaciones con los diferentes agentes sociales para desbloquear el conflicto educativo. En este aspecto, los directores piden que el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, deje de inhibirse y asuma públicamente su responsabilidad interviniendo directamente para poner fin a "esta situación lamentable".

Directores expedientados

Antonio Morante, presidente de la Asociación de directores de Secundaria de Mallorca, ha señalado tras la concentración que «parece increíble que todo un presidente del Govern no tenga ni cinco minutos en todo lo que llevamos de legislatura para hablar de educación, que si lo puede hacer en Valladolid en un entorno que le resulta cómodo y no en Baleares porque sabe que es una situación incómoda», ha incidido Morante, tras la concentración.

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A la protesta han asistido los directores de Menorca expedientados, Jaume Bonet, Rafel Andreu y Margalida Seguí, el director del instituto de Marratxí, Jaume March.

Andreu, director del instituto Pascual Calbot de Menorca, ha señalado que esta protesta se ha puesto de manifiesto la oposición de los docentes «a la política nefasta que lleva a cabo este gobierno que está hundiendo el sistema educativo de Baleares».

En opinión de Andreu, que ha vuelto a su cargo tras seis meses de sanción, con la combinación de «mediocridad y autoritarismo» de la política educativa balear «se ha retrocedido como mínimo cuatro o cinco años» en el trabajo pedagógico de los centros.

«Se trata de una cadena de despropósitos y ante la impotencia de esta Conselleria por lo mal que se hacen las cosas, la única solución que tienen es abrir expedientes a diestro y siniestro, como parte de una campaña represiva para coaccionar a los equipos directivos en primer lugar y al profesorado en general», ha señalado Andreu.

En relación al decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL), en cuya aplicación ha estado el origen los expedientes, el director menorquín ha destacado que no se ha incumplido la normativa por parte de los centros, pero que ésta «ha sido tan chapucera» que desde hace un año se venían planteado una serie de dudas, porque era «impracticable».

«Las medidas educativas de este gobierno son imposibles de llevar a la práctica, en los centros cumplimos la normativa como podemos pero la realidad de las aulas es que esto es un fracaso», ha reivindicado Andreu, que ha señalado que se trata de «una lucha» no por los docentes sino por «la educación y el futuro» de Baleares.

Por su parte, la representante del STEI-i Maria Antònia Font ha informado de que desde los sindicatos se propone que si un director dimite otro docente no acepte el cargo y en el caso de que lo nominen que también renuncie.

«Las razones son justificadas y no se trata de tapar huecos sino de hacer visible el casos que ha creado la Conselleria y la necesidad de consenso de los proyectos que se han de aplicar en los centros educativos», ha precisado Font.