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La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida también como 'Ley Montoro', estuvo muy presente en el pleno del Ayuntamiento de Maó del miércoles. Tres fueron los debates: uno sobre  la normativa, otro sobre su primer efecto en el propio Consistorio y el último sobre el temor que despierta.
Primero. El PP impidió apoyar un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa. El socialista Vicenç Tur argumentó que la ley «perjudica los servicios básicos que prestan los ayuntamientos» mientras que el popular Alejandro Sanz rechazó cualquier efecto pernicioso, «no se dejará de prestar ningún servicio».

IBI
Segundo. La 'Ley Montoro' ha llevado a la Secretaría del Ayuntamiento a informar de forma desfavorable sobre la bonificación del IBI que el equipo de gobierno quiere implantar para empresas que creen nuevos puestos de trabajo. Interpreta que el fomento de la ocupación no es competencia propia de un consistorio. Tur empleó este hecho para ahondar en su crítica a la normativa mientras que Salvador Botella, teniente de Alcaldía de Servicios Generales, confió en superar el escollo de lo que definió como «avalancha legisladora». Incluso manifestó su voluntad de hacer efectivas esta y otras bonificaciones en el IBI de este mismo año, «animo a las entidades beneficiarias a que presenten sus solicitudes». Botella recordó que ya bajó el IBI de este año en contra de los informes de los Servicios Económicos del Consistorio.

'Escoletes'
Tercero. Las 'escoletes' temen por el futuro de su continuidad tal y como están concebidas ahora por una ley que atribuye todas las competencias en educación en principio a una administración superior como es el Govern. Una representación del colectivo de educadoras de Maó estuvo ayer en el pleno para hacer visible su preocupación al respecto. La concejala del PSOE Bárbara Coll mostró su preocupación por la reducción de las ayudas que llegan a las 'escoletes' desde el Consell y el Govern. El popular Simón Gornés lo justificó por la difícil situación económica, la herencia recibida y agravantes como el caso Cesgarden pero reiteró su compromiso con la educación infantil: «Trabajaremos como hasta ahora para que siga siendo un servicio de calidad». Anunció incluso futuras bonificaciones en las cuotas para familias numerosas.