David Marquès19/03/14 0:00
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Como en los años 80, los espacios naturales protegidos más emblemáticos de Menorca corren «peligro» de urbanizarse. La culpa, alertó ayer el GOB, la tiene la nueva Norma Territorial Transitoria (NTT), cuyo borrador abre la puerta a construir, incluso en Áreas de Alto Nivel de Protección (AANP) de las ANEI, «campos de golf y otros grandes equipamientos deportivos que contribuyan a la desestacionalización». Los «requisitos» que fija para implantar esta oferta, tal como regula la Ley Turística, son que, en caso de ir asociados a una oferta complementaria de alojamiento, ésta sea un hotel «de un mínimo de cinco estrellas y 200 plazas» y se edifique con posterioridad al campo de golf.

«El documento que se nos ha presentado deja las joyas naturales de Menorca, como Cala en Turqueta, Macarella, Son Saura, Pregonda, El Pilar o La Vall, en manos de determinadas operaciones urbanísticas», denuncia el GOB.
Pero el Consell asegura que ésta no es su «voluntad. No queremos cargarnos Menorca, sino al contrario. El espíritu con el que hemos confeccionado la Norma es el de permitir actividades socioeconómicas que sean compatibles con el medio ambiente». Por eso, incidió la consellera Marta Vidal, «es bueno que el GOB haga aportaciones en positivo para, entre todos, no perder el control. Debemos evitar la rigidez normativa que nos obligaría, por ejemplo, a prohibir un proyecto respetuoso con caballos en estas zonas cuando lo que de verdad debemos hacer es permitirlo pero vigilando que no provoquemos el efecto indeseado, algo que ni el GOB ni nosotros queremos. Nuestro objetivo es común».

Es más, la consellera de Ordenación del Territorio recuerda que «se ha incluido una mención expresa en la Norma que limita la autorización de los proyectos solo en aquellos casos que sean declarados de interés general».
Vidal insiste en que la Norma «es un simple borrador que aún no ha sido sometido a una revisión jurídica definitiva», pero el GOB percibe que «se trata de un intento de modificar totalmente el Plan Territorial, sin la debida transparencia e impidiendo el debate ciudadano». Entiende que el texto «puede cambiar radicalmente el modelo territorial» y, por eso, aboga porque «se ocupe solo de cuestiones urgentes y puntuales y deje la discusión del modelo para la posterior modificación del PTI».

En este sentido, los ecologistas lamentan que, en lugar de dedicarse a «aplicar un sistema de urgencia para casos con sentencias desfavorables o para clarificar interpretaciones imprecisas», el documento «modifique más de la mitad del PTI (36 artículos de 67)». Si se aplica tal cual, alerta, «la modificación del Plan Territorial quedará prácticamente hipotecada».

Entre otros aspectos, la «larga lista de consideraciones» que el GOB ha hecho llegar a la consellera cuestiona que, en plena «parálisis» de compraventa inmobiliaria, se apueste por ampliar 100 metros en torno de las urbanizaciones ya existentes y se permitan nuevas construcciones en rústico. «Un melón extremadamente peligroso de abrir», advierte el portavoz del GOB, Miquel Camps. quien teme alentar con ello -tal como ocurrió con los hortals de los años 80- «una explosión de casas ilegales en el campo».