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El Ayuntamiento de Maó ha suspendido de forma cautelar la concesión de espacio en la plaza Explanada a una decena de vendedores ambulantes. El motivo es la deuda que estos empresarios tienen acumulada con el Consistorio y que se remonta incluso varios años atrás.

Media docena de agentes de la Policía Local impidieron el martes que tres o cuatro de estos vendedores montaran sus paradas. El resto ni lo intentaron, bien por el aviso recibido del Ayuntamiento el día anterior, bien porque solo trabajan en temporada alta.

La suspensión cautelar se prolongará mientras se tramita un expediente sancionador por estos impagos. El castigo podría oscilar entre los 1.000 y los 1.500 euros. Los afectados tienen quince días para presentar sus alegaciones. El teniente de alcalde de Servicios Generales, Salvador Botella, comenta que a estos vendedores se les ha otorgado distintos plazos de pago en los últimos años sin resultado alguno, «es algo insostenible» y un agravio para los que pagan.

Algunos de los afectados están indignados. Raimon Benosa es uno de ellos. Critica, y como él sus compañeros, que se les avisara de la suspensión pocas horas antes del mercado del martes, un gesto que considera de «mala fe» porque les dejó sin tiempo de reacción. «Con lo que saco de la parada mantengo a mi familia, y si no trabajo no podré hacer frente a la deuda».

Porque Benosa, como sus compañeros, reconoce la deuda, que en los casos más severos asciende a casi 4.000 euros, en parte por un recargo del 21 por ciento por impago. «No hemos dejado de pagar por gusto, no somos unos caraduras. Las ventas han ido muy mal los últimos años. Las cajas son irrisorias y dependemos del verano. Si un día hago treinta euros me voy al súper, no puedo pagar la deuda». Por esto ha pedido al Ayuntamiento de Maó que le deje saldar el pasivo acumulado el 30 de septiembre, como plazo definitivo. «Si no pago, dejo el puesto». Ya lo solicitó el septiembre pasado, sin obtener respuesta.

Benosa lamenta las formas de Salvador Botella, «nos dijo que pidiéramos un préstamo, cuando sabe que es imposible» y «que denegaría una solicitud de fraccionamiento». El concejal tampoco está muy contento con las maneras de algunos afectados, ya que asegura que ha encargado la instrucción del expediente al jefe de la Policía Local por los precedentes de amenazas a funcionarios. Benosa asegura que estas situaciones existen pero son casos muy puntuales.