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El presidente del Consell, Santiago Tadeo ha asegurado este miércoles que el objetivo de la denuncia contra Cesgarden, que ha dado inicio a la operación 'Romántica', no es otro que "evitar el pago de la indemnización" de 29 millones de euros, tras la condena al Consell por frustar la ejecución de un hotel en Son Bou.

Tadeo, que se mostró prudente y a la espera de cómo evoluciona el caso por vía judicial, ha afirmado que la decisión de llevarlo a la Fiscalía se tomó el pasado mes de abril, una vez un buffet de abogados ha analizado el caso, a partir del informe Olleros y ha considerado que era "el momento oportuno".

Tadeo ha hecho estas declaraciones tras un encuentro que ha mantenido este mediodía, con el secretario general del PSOE de Menorca, Viçenc Tur para abordar el caso, después de la investigación que ha puesto en marcha la Fiscalía Anticorrupción sobre un presunto fraude relacionado con la compraventa de los terrenos en Son Bou en los que una promotora mallorquina proyectaba un hotel de cinco estrellas, un proyecto frustado por el cual el Consell fue condenado a pagar una indemnización de 29 millones de euros.

En la conversación entre ambos líderes se ha acordado hacer frente común con el objetivo de que "los menorquines no paguen esta indemnización millonaria".

El presidente del Consell, Santiago Tadeo, informó ayer a los portavoces de la oposición -Joan Marqués, del PSOE, y Maite Salord, del PSM- de la actuación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación, iniciada tras la denuncia presentada el pasado mes de abril por el Consell, pretende corroborar si se la promotora no llegó a ejercer la opción de compra cuando pleitó con el Consell, y por tanto no era el titular de la finca, lo que podría invalidar la indemnización millonaria que debe pagar la institución insular.

El fiscal Pedro Horrach, que se desplazó ayer a Menorca, tomó declaración en la Comisaría de la Policía Nacional de Maó a la consellera de Urbanismo, Marta Vidal que ratificó los detalles de la denuncia. Posteriormente se tomó declaración a los empresarios Luis Vidal Pons y Alberto Orfila Sintes, que fueron quienes suscribieron el contrato de opción de compraventa. De momento, no hay imputados.

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Antecedentes

Los cambios urbanísticos introducidos por el Plan Territorial Insular de Menorca (PTI), aprobado en 2003 por el gobierno del Consell insular formado por PSOE, PSM y EM-EU, motivaron la presentación de una demanda por parte de Siteme, que alegaba ser propietaria de unos terrenos urbanizables situados en Son Bou, que después transmitió a la promotora Cesgarden.

La reducción de edificabilidad y el recorte de plazas hoteleras en estos terrenos, motivado por el PTI, desembocó en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, ratificada en 2011 por el Tribunal Supremo, que ordenó al Consell insular a pagar una indemnización de 16,5 millones de euros, que con los intereses legales, asciende a 29,5 millones.

El Consell de Menorca empezó a pagar a finales del año pasado esta cantidad, con un ingreso de 252.066 euros. Para este año los presupuestos de la institución insular han reservado 1,3 millones, mientras que a partir del 2016 deberá abonar 3,6 millones.

El actual equipo de gobierno del Consell decidió poner el pasado mes de abril el expediente urbanístico del 'caso Cesgarden' en manos de la Fiscalía Anticorrupción, al sospechar que se había producido un ilícito penal, concretamente que se habría simulado la compraventa de las fincas después de la aprobación del Plan Territorial.

La consellera Vidal ha declarado que «el Consell ha hecho lo que tenía que hacer, y la Fiscalía está realizando su trabajo». Ha añadido que no realizará declaraciones ni comentarios por «respeto a la Administración de Justicia».

Fuentes del Consell han indicado que esperan que la investigación de la Fiscalía «aclare totalmente y llegue al fondo de esta cuestión»