Marta Vidal, consellera

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En el Consell, la decisión de la juez de no admitir la querella contra Cesgarden causó ayer una gran sorpresa. La consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal, expresaba por un lado su «respeto a la presunción de inocencia», pero se reafirmaba en la decisión adoptada de dejar el caso en manos de la Fiscalía Anticorrupción. «Hicimos lo que tocaba, poner el caso en manos de la Fiscalía, a quien debemos agradecer su rapidez al ponerse en marcha, ya que están en juego 30 millones de euros».

El convencimiento del equipo de gobierno es tal que ayer mismo ya tomó la decisión de recurrir el auto de la juez mediante un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional. Desde la administración insular, al contrario que la magistrada, entienden que la documentación aportada sí certifica que se produjo una estafa procesal, ya que se ocultó un documento a los magistrados, apuntan.

Además, fuentes jurídicas no entienden la decisión tan tajante de la juez de no ordenar una investigación. «Se ha tomado una decisión prematura mediante una interpretación sesgada de los documentos», aseguran desde la administración insular, confiando en que un recurso de apelación vuelva a abrir la puerta a la querella y, de este modo, mantenga la esperanza de revisar la sentencia que condenó al Consell a indemnizar a Cesgarden.

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