La diputada Isabel M. Oliver, en la imagen junto a Francina Armengol, expone las objeciones del PSOE al decreto . | T. AYUGA

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El Grupo Socialista en el Parlament anunció ayer que presentará alegaciones contra el borrador del decreto que desarrolla la Ley Turística, un texto reglamentario que, denunciaron, «sigue con el mismo espíritu de la ley de favorecer siempre y únicamente al sector hotelero». En ese sentido van las principales objeciones de los socialistas a un borrador que entienden que debería «prestar tanta atención al resto de sectores de la actividad turística».

En ese sentido, la diputada Isabel M. Oliver explicó que las alegaciones socialistas persiguen regular los usos compatibles y secundarios al turístico, ya que «la regulación que propone el Govern es absolutamente insuficiente» y «afecta negativamente» a los establecimientos de la oferta complementaria, «que sufren competencia desleal en sus negocios sin ningún amparo del decreto».

Los socialistas tienen intención asimismo de que a través de sus alegaciones se regule el régimen de alojamiento en 'todo incluido'. Al margen de crear un registro, el decreto «debería contemplar otros aspectos como la calidad del servicio o el porcentaje, la ratio, suficiente entre plazas –ofertas– y trabajadores de un establecimiento determinado».

Con sus alegaciones, los socialistas también reclamarán que se respeten las competencias propias del Consell en ordenación turística y defenderán que el requisito del permiso de los vecinos para alquilar casas unifamiliares entre medianeras es «arbitrario, ilegal y posiblemente inconstitucional». Con ese tipo de requisito, como con el que establece que los inmuebles tienen que haber sido construidos antes de 1960, el PSOE entiende que el Govern «pretende dificultar al máximo la puesta en el mercado de alquiler de este tipo de alojamientos».

Pleno extraordinario

Por otra parte, el PSM reclamó ayer al presidente del Consell, Santiago Tadeo, que convoque un pleno extraordinario en la máxima institución insular para hacer un frente común contra lo que calificó de «una intromisión ilegal e inaceptable del Govern en las competencias del Consell con el borrador del decreto que desarrolla la Ley Turística».

La coordinadora del PSM y portavoz en el Consell, Maite Salord, entendió que «a la vista del poco respeto del Govern hacia los consells insulares y por sus propios compañeros de partido –encabezados por el presidente Tadeo–», el PP «no puede actuar en solitario y necesita la unión de todas las fuerzas políticas menorquinas».

El objetivo de la petición del PSM, «evidenciar un rechazo total y absoluto a lo que consideramos una burla al empresariado de la Isla y a la sociedad menorquina».