En la zona quedan una media docena de propietarios | Javier Coll

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Cinco años después de que el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Balears decidiera paralizar el proceso de expropiación de las casas de Cala Figuera a tenor de la presión social ejercida en este sentido y la implicación de las instituciones locales, la amenaza de una posible adquisición forzosa por parte del ente gestor del puerto de estos inmuebles vuelve a inquietarles y a provocar su profundo malestar.

Una representación de la media docena de vecinos que permanecen en la zona (muchas propiedades han sido ya adquiridas por Autoridad Portuaria después de que se vieran afectadas por el plan de usos de 2006) se reunió ayer con el director de Puertos, Juan Carlos Plaza, para analizar su situación una vez que la Propuesta de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios en exposición pública no les exime de su consideración como zona de servicio portuario.

Su decepción por el resultado del encuentro fue mayúscula, explicaba ayer por la tarde un «defraudado» Raúl Pons. Comenta que Autoridad Portuaria les hizo saber su voluntad de adquirir sus casas a corto o medio plazo a través de una negociación, aunque siempre, relata, con la advertencia sobre la mesa de que la ley les permite acudir si es necesario a la expropiación en virtud de lo establecido en el plan de usos de 2006. «De momento nos dejan en paz, pero han dejado claro que no respetarán aquel acuerdo, que nos pueden llegar a expropiar», afirma Raúl Pons en referencia a la decisión de 2010. «Estamos de manos atadas». A pesar de lo cual, dice, no venderá.


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