Joan Triay, junto a los concejales del Partido Popular y la alcaldesa Joana Gomila, al fondo | Josep Bagur Gomila

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Las actuaciones del gobierno en funciones de Ciutadella del PP están dando que hablar. Hasta el punto que la mayor parte del tiempo del pleno municipal de ayer tarde se dedicó a ello. Se hizo a raíz de que UPCM desvelara las presuntas «irregularidades» como la contratación verbal de distintos servicios municipales y el intento de fraccionar el pago de estos servicios para eludir la Ley.

El concejal Joan Triay, a través de dos mociones, pidió que se revisaran las resoluciones y decretos, aprobados en junio, con las que se pretendía pagar facturas por servicios contratados de «forma verbal». Las mociones fueron aprobadas por unanimidad, eso si sin el perjuicio de que la empresa que ha realizado estos servicios se quede sin cobrar.

Incluso el PP votó a favor de las mociones. El concejal popular Joan Carrasco justificó el apoyo a la moción porque están «a favor de la transparencia» y de que «se esclarezca cualquier tema sujeto a irregularidades», aunque eso sí tras apuntar que entiende que «sus motivos debían tener».

Las irregularidades denunciadas por UPCM son por la contratación verbal del servicio de reparto del matadero y del servicio de control de plagas para este 2015, ambos de la concejalía que dirigía Lorenzo Coll. En el primer caso se trata de una factura de más de 15.000 euros negociado al margen de la concesión. Y en el segundo, por una adjudicación por decreto de 10.268 euros. En ambos casos había los informes de Secretaria e Intervención en contra.

En el pleno de anoche también relucieron otras presuntas irregularidades del anterior gobierno en funciones como otro decreto de junio para pagar dos facturas a la misma entidad cultural por valor de 20.833 euros, para un servicio no licitado.