La alcaldesa Joana Gomila dirigiéndose a los concejales del PSOE, en el pleno de ayer. | Josep Bagur Gomila

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El Ayuntamiento de Maó espera recaudar el próximo año 740.000 euros más que en 2015 en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con una subida media del recibo del 4,47 por ciento y un tipo que se sitúa en el 0,67, superior al 0,59 aún vigente pero todavía por debajo del 0,72 que se aplicaba en 2013.  La reducción de los valores catastrales en un 8 por ciento, con una revisión para ajustarlos al mercado actual de la vivienda, amortigua en parte dicha subida del recibo pero no logra neutralizarla.

La medida busca recuperar parte de los ingresos perdidos por las arcas municipales en anteriores ejercicios -en los últimos dos años la reducción ha sido de 1,6 millones de euros-, y forma parte del Plan Económico y Sostenibilidad Financiera que el equipo de gobierno llevará a la aprobación del pleno el próximo día 22.

 La alcaldesa Conxa Juanola, consciente de que el IBI es materia sensible, reconoció ayer que «es duro tomar esta medida» pero afirmó que tiene que hacerse «en base al cierre de un ejercicio en el que no hemos participado», el de 2014, y en el que se incumplió la regla de gasto, con un desfase de 1,8 millones de euros. Es decir, el Consistorio gastó esa cifra por encima de lo que permite la estricta normativa estatal que, con el objetivo de controlar y reducir el déficit público, da prioridad a la amortización de deuda (pago a los bancos) y restringe el gasto y las inversiones. Debido a ese desequilibrio el Ayuntamiento de Maó debe aprobar un plan económico y financiero y cumplir así la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno central.

Juanola dio a conocer ayer el plan acompañada de los concejales de Hacienda, Jordi Tutzó, y de Promoción Económica, Vicenç Tur. La alcaldesa subrayó la «voluntad de seguir dando servicios que son irrenunciables» y dejó claro que ninguno de esos servicios corre peligro «el Ayuntamiento está saneado pero se tiene que cumplir el plan de estabilidad financiera», afirmó.

Además de la subida del IBI el  Consistorio plantea obtener más recursos con la petición al Govern de que asuma el coste de competencias impropias como son la Residencia Geriátrica y los servicios sociales no obligatorios, todo ello suma 4.228.000 euros, pero realmente no existe una certeza sobre si la Comunidad Autónoma podrá afrontar ese gasto, señaló el responsable de Hacienda, por eso «y por un principio de prudencia, se ha recuperado parte del IBI rebajado», afirmó Tutzó, al tiempo que recordó que 2015 fue un año electoral.

La última medida obligada del plan es la reorganización administrativa con la disolución de la empresa municipal Promocions Urbanístiques de Maó por acumular dos ejercicios de pérdidas económicas.

El PP apuesta por ajustar partidas

Antes de presentar el informe a la prensa, el equipo de gobierno lo dio a conocer a la oposición, PP y CMe, en la comisión informativa de Hacienda celebrada ayer.

Aunque el debate tendrá lugar en el pleno, el concejal del PP y anterior responsable de Hacienda, Salvador Botella, ya lanzó ayer una primera crítica. «Hemos pasado del vamos a gastar menos al vamos a subir impuestos», señaló.

Botella, que ya tuvo en el anterior mandato sus diferencias con la Intervención municipal, es partidario de «buscar otras fórmulas y sin cometer una ilegalidad, llegar al límite» ajustando otras partidas «para no penalizar a los ciudadanos de Maó».
 

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