Las obras de la carretera siguen paradas, a la espera de definir qué se hace con las rotondas a doble nivel | Gemma Andreu

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Un año después de las elecciones autonómicas y municipales, con las que cambiaron el color político de la mayoría de las administraciones, toca hacer balance. Los resultados de los comicios de mayo de 2015 supusieron la vuelta al poder de los partidos de izquierda. La bandera del cambio, sobre todo a raíz de la irrupción de Podemos, ondeó en los nuevos gobiernos. Doce meses después, se aprecia la constatación del cambio, pero más en el sentido de un giro en las políticas aplicadas hasta el momento por el PP, que no en la regeneración democrática anunciada.

Así los nuevos gobiernos, tanto regional como insular, han recuperado las señas clásicas de la izquierda: más protección del territorio, un impulso de las políticas sociales, restablecer el diálogo con la comunidad educativa y la introducción de algunas mejoras en la sanidad. A ello hay que añadir, en este caso por parte del Govern, la creación de un nuevo impuesto turístico, a imagen y semejanza de la ecotasa creada en la primera legislatura de Antich (1999-2003).

Las políticas de territorio han marcado este año los principales cambios de los nuevos gobiernos. El más sonado es la paralización, por parte del Consell, de las obras del tramo de Maó a Alaior de la carretera general y la rescisión del contrato a la empresa adjudicataria, con el objetivo de revisar el proyecto. En  estos momentos las obras siguen paradas, a la espera de encontrar una solución definitiva para minimizar el impacto, sobre todo de las rotondas a doble nivel. Paralelamente ha ido cogiendo forma la reforma de otro tramo de la general (entre Ferreries y Ciutadella), donde también se han eliminado los polémicos enlaces y se espera que a lo largo de este año se adjudiquen las obras.

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