MAHON. CIME rueda de prensa caso Cesgarden. Maite Salord , Presidenta y Santiago Tadeo , PP - | Javier Coll

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El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, Antoni Rotger Cifre, ha emitido una interlocutoria por la que comunica que ha acordado el inicio de diligencias previas a raíz de la querella criminal presentada por el Consell contra la promotora Cesgarden al advertir un posible delito de estafa con empleo de fraude procesal. El juez considera que los hechos relatados por la institución insular «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito».

La acreditación de un delito de estafa es la vía a la que se acoge ahora el Consell para intentar revertir la sentencia de mayo de 2011 por la que está pagando a la empresa mallorquina, a plazos, una indemnización de 16,1 millones de euros, que con los intereses asciende a cerca de 28,8 millones de euros. La querella criminal del Consell se fundamenta en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears de diciembre de 2015 que desestimó una segunda indemnización reclamada por Cesgarden, en virtud de la misma sentencia de mayo de 2011.

Uno de los argumentos expuestos por el TSJB es que la empresa había comprado los terrenos a los que trasladar sus derechos urbanísticos, afectados por el Plan Territorial Insular de 2003, antes incluso de la aprobación de este documento, algo que ocultó a las instancias judiciales durante todo el proceso y que viene a demostrar que era consciente de los efectos que tendría esta normativa. En definitiva, que engañó al tribunal, según recuerda el Consell en una nota emitida este miércoles.

La querella criminal que lleva el abogado Fernando Mateas, fundamentada en un informe del mismo letrado, hace de este modo su camino en paralelo al recurso extraordinario de revisión de la sentencia interpuesto por el Consell ante el Tribunal Supremo, presentado con los mismos argumentos, es decir, la existencia de un engaño a los jueces por parte de la promotora.

No es la primera vez que se intenta probar un delito de estafa por parte de Cesgarden en el caso de la parcela de Son Bou. En la primavera de 2014, la Fiscalía Anticorrupción se querelló contra la promotora por los mismos hechos, con el respaldo del Consell como acusación particular, pero en apenas unos días la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, archivó el caso al considerar que los hechos no eran constitutivos de infracción alguna. Las apelaciones posteriores fueron infructuosas.

La presidenta del Consell, Maite Salord, destacó este miércoles la importancia de la decisión judicial de abrir diligencias previas a raíz de la querella, aunque reclama «prudencia para que los órganos judidiciales puedan continuar con su tarea». Las diligencias previas se realizan «con carácter previo a la estimación o desestimación de la querella», según expone el mismo auto del juez.