La finca de Mongofra en Maó, sede de la fundación que ha sido alquilada por 30 años. | Archivo

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El Protectorado de Fundaciones del Govern balear analiza el contrato firmado por el patronato de la Fundació Rubió el pasado 11 de junio con la empresa Mongofre World Heritage SL por el que se alquila la finca de Mongofra Nou a la mercantil de Dimitri Sturdza. El organismo dependiente de la Dirección General de Cultura debe autorizar la operación y para ello descartar que el alquiler, por un periodo de 30 años prorrogable a otros 30, no se trata de una venta encubierta de la sede de la Fundació Rubió, como denunció la heredera y vocal del patronato Mercè Rubió.

La solicitud de autorización cursada por la fundación tuvo entrada en el Protectorado el pasado 14 de junio y hace una semana se le requirió al patronato que presente una serie de documentación para que el contrato de alquiler quede validado: en primer lugar, una memoria acreditativa de las características de la finca de Mongofra y de los elementos y condiciones del arrendamiento, con exposición de las razones en las que se fundamenta así como indicación del destino del importe de la renta; en segundo, la valoración de la finca y de su arrendamiento por un plazo de 30 años realizada por un experto independiente.

Paso imprescindible

En la Conselleria de Transparencia y Cultura aún no se ha tomado una decisión sobre el alquiler de Mongofra, es una cuestión que deben dirimir los técnicos y estos aún no cuentan con toda la documentación solicitada. El expediente se enmarca dentro de lo rutinario, aseguran, aunque en un principio desde la Fundació Rubió se aseguró que la autorización previa del Protectorado, al tratarse de un alquiler, no era necesaria.

Pero uno de los argumentos de la familia, en su demanda contra el contrato de alquiler (admitida a trámite en el Juzgado de Primera Instancia número uno de Maó), era precisamente la necesidad de una autorización previa del Protectorado, ya que la finca de Mongofra se gravaba con un alquiler a muy largo plazo.

El presidente de la Fundació, Albert Moragues, reconoció ayer que el contrato «aún es provisional, el Protectorado debe decidir si está bien o mal», y subrayó que «si se echa atrás habrá que asumir las consecuencias» y esto es, en su opinión, la asfixia económica de la entidad. Los herederos también presionan en este terreno: afirman que se ha encargado la valoración de una finca rústica como Mongofra a una arquitecta en lugar de a un ingeniero agrónomo y que dicha profesional no será independiente si la contrata la fundación.

Papeles de Panamá

El presidente de la Fundació Rubió Tudurí, Albert Moragues, declaró ayer sentirse «absolutamente tranquilo» ante el requerimiento de documentación por parte de la Agencia Tributaria, «aportaremos todo lo que nos dice Hacienda», afirmó. Moragues recordó que «todos los bienes fueron repatriados» y que dicho proceso «ya fue inspeccionado» en 2010.

Moragues, decepcionado por el giro que han dado los acontecimientos y el enconado rechazo de los herederos a las decisiones que toma el patronato, admitió que «no puedo hacer nada más» y sobre la petición de los Rubió de dimisiones en el seno de la fundación añadió «los patronos dicen que han salido limpios de los juzgados».

Moragues no convocará ninguna reunión monográfica del patronato para tratar sobre los «papeles de Panamá» y la sociedad instrumental Glen Valley Industries que la Fundació usó para traspasar fondos entre 1995 y 2004. Admitió que esa era su idea inicial, pero visto que la familia ha vuelto a acudir a los tribunales, descarta cualquier reunión extraordinaria para abordar los movimientos de los recursos heredados del mecenas.

«Si tienen algún documento nuevo que lo presenten y que hablen los jueces», afirma el actual presidente de la entidad, al tiempo que recuerda que la querella que presentaron en su día los hijos de Fernando Rubió «fue archivada» y que la familia «ha denunciado en todas las instancias» y sus litigios contra la fundación, al final, no han llegado a prosperar.