Así lo aseguró ayer la concejal del ramo, Noemí Camps, quien dejó claro que «no aceptaremos en ningún caso» que los 20 millones que el Estado reclama ahora al Govern por el rescate de la planta «se repercutan en el precio».
Consistorio y Govern están en conversaciones para acordar un precio que garantice la viabilidad de la puesta en marcha de la instalación. No obstante, «la reclamación de Madrid supone una novedad importante, pero nosotros seguimos manteniendo que queremos un precio asumible y justo», declaró Camps.
Desde el Ayuntamiento tienen claro que «Ciutadella no tiene que pagar ningún coste relativo a las obras y su sobrecoste». Para Camps el nuevo Gobierno central «está poniendo trabas a la puesta en marcha de la desaladora» y advierte que le parece «inaudito que quieran endosar estos 20 millones al Govern».
La concejal insiste en que no han recibido ninguna información por parte del Govern, por lo que han querido mostrarse prudentes. Esperan contactar con el conseller este mismo lunes.
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