Consell, ayuntamientos y entidades asistieron a la Mesa | CIME

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La Mesa d'Habitatge que se celebró este martes pedirá al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que revise los criterios de valoración de manera que ningún ciudadano quede excluido por no llegar al nivel mínimo de ingresos exigido. Se recoge así el guante de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) que esta misma semana denunciaba el caso de Alonso Jaime Garceso que por no poder justificar ingresos superiores a 600 euros ya no pudo acceder a un piso público. Su nivel de ingresos en el momento de solicitar una vivienda era de 426 euros. Los miembros de la Mesa piden al Ibavi que se aplique el 30 por ciento de la renta, sin perjuicio de hacer un seguimiento y actualizarlo. El Consell indica, no obstante, que «el Ibavi ya ha asumido que el alquiler social debe funcionar con este porcentaje».

La Mesa d'Habitatge, presidida por la consellera Cristina Gómez, contó este martes con la asistencia de la directora de la oficina del Ibavi, Noemí Gomila, de diferentes representantes municipales, y entidades como Cruz Roja, Caritas, PAH y Col·legi Oficial d'Educadors Socials. Y coincidieron en exigir «vivienda para todos», tal como expresa la consellera. «Estamos de acuerdo que marcar un mínimo impide a las personas con bajo nivel de ingresos acceder a una vivienda del Ibavi», apunta.

También trasladarán al organismo público que se reduzcan los plazos entre la inscripción a la lista de demandantes de vivienda y la publicación definitiva. Con ello, también incidieron en la necesidad de que las personas que no aparecen en la lista, tal como ocurrió con Alonso Jaime Garceso, sean avisados señalando el motivo por el que han sido excluidos. Considera la Mesa que las condiciones económicas a valorar deben ser las más recientes y no las del de la petición de inscripción. Gómez resalta también que se consensuó pedir al Govern que los consells se incorporen a la Mesa de Diálogo del Ibavi y que el Consell apueste por el alquiler residencial en núcleos tradicionales, puesto que «la oferta turística distorsiona la oferta y la demanda del residencial».