Volar a Palma por 22 euros. La aplicación de una bonificación del 75 por ciento permitiría, con la actual tarifa de referencia de 90 euros, que los residentes viajasen entre Menorca y Palma por un precio final de 22 euros el trayecto

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Balears también se beneficiará del aumento del 75 por ciento en el descuento de residente que negocia Canarias. Lo aseguraron este jueves a este diario desde Nueva Canarias, la formación que está negociando con el Gobierno su apoyo a los presupuestos y que el miércoles anunciaba el acuerdo alcanzado para empezar a aplicar el incremento de la bonificación en los vuelos y los trayectos marítimos interislas este mismo verano, una medida que «no es exclusiva para Canarias» y que, cabe recordar, todavía no está garantizada, a la espera de que se termine de cerrar una negociación que incluye otros puntos que condicionan el apoyo del diputado canario Pedro Quevedo a las cuentas de Rajoy.

La fecha límite para alcanzar ese acuerdo global que permitiría abaratar sustancialmente el billete de los vuelos entre islas es el próximo martes. Desde Nueva Canarias confían en que las negociaciones lleguen a buen puerto y aseguran que estas incluyen a Balears porque se refieren a «una partida ampliable dentro de los presupuestos» que atañe a las llamadas regiones extrapeninsulares: los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla.

65 millones
A la espera de que se concreten otros puntos del acuerdo, los representantes del Gobierno en las negociaciones –la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal– ya han dado el visto bueno a un incremento del descuento cuyo coste extra para las arcas del Estado sería de 65 millones de euros anuales, según afirmó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una comparecencia reciente ante el Senado.
Desde el Ministerio de Fomento no aclararon este jueves si Balears está incluido en el descuento de residente, aunque ya son dos las voces que desde las filas populares no solo afirman que es así, sino que, lejos de ser una cuestión de voluntad política, es un imperativo legal.

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