Reynés, Tutzó y Juanola, en una imagen de archivo del pleno

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El interventor del Ayuntamiento de Maó discrepó hasta en siete ocasiones de resoluciones adoptadas por la Alcaldía en el ejercicio 2016, como parte de su función fiscalizadora sobre las cuentas de la Corporación local. El informe sobre dichos reparos fiscales y anomalía en los ingresos del año pasado se incluye en el orden del día del pleno de hoy jueves -en el que el tema central es la aprobación de los presupuestos de 2018-, como una cuestión de trámite, simplemente se dará cuenta del mismo, sin que haya lugar a debate, aunque la Intervención municipal alerta de actuaciones como la fragmentación de un contrato, el de la Banda de Música des Migjorn por las fiestas, cuyo coste superaba el límite de 18.000 euros para los contratos menores de servicios y suministros, los que por tanto no están sujetos a concurso público. El importe pagado a la formación musical fue de 22.000 euros. Una cantidad mucho más elevada, abonada a través de un convenio, fue la destinada a las escuelas infantiles, un total de 890.000 euros, mediante el acuerdo prorrogado con la Cooperativa de Escoletes de Maó. En este punto el interventor señala precisamente como discrepancia la ausencia de contratación y el pago mediante convenio. En 2018 se mantiene dicho sistema y la cuantía se eleva al millón de euros.

La Intervención municipal también apunta la omisión de requisitos esenciales en la tasa del agua. Una cuestión, la de la subida del 10 por ciento del recibo del agua, que sigue pendiente por la auditoría encargada por el equipo de gobierno sobre las cuentas de la concesión, en manos de Hidrobal, y porque el PP llevó a los juzgados el contrato para que la Justicia determine si el Ayuntamiento debe compensar a la concesionaria por inversiones realizadas y en qué cantidad.

Las otras discrepancias del interventor se refieren a bajas de tributos y de 1.459 recibos por incorrecta ejecución del contrato de recaudación, que suman un importe total de 955.000 euros. El informe estaba previsto tramitarlo en el pleno de octubre pero se ha retrasado ya que la Alcaldía ha realizado un informe argumentando las resoluciones en las que Intervención discrepa.