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La Comisión Europea no parece dispuesta a dar más tiempo a la central térmica del puerto de Maó para cumplir con la reducción de emisiones contaminantes que estipula la directiva europea de emisiones industriales, en la que se marca como fecha límite el 31 de diciembre de 2019. Ante la intención hecha pública por fuentes del Ministerio de Energía de reclamar una prórroga, desde el departamento de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca del órgano ejecutivo europeo recordaron ayer por respuesta que «a partir de esa fecha, la planta deberá cumplir con los valores límite de emisión establecidos en la directiva».

En ese sentido recuerdan también que la central de Maó en la práctica ya se está beneficiando de una suerte de prórroga por formar parte del grupo de centrales situadas en los llamados sistemas pequeños aislados, a los que se les dio un plazo mayor con un acuerdo transitorio que «significa que la planta tenía un período más largo para cumplir los valores límite de emisión establecidos en la directiva de emisiones industriales». Desde la Comisión Europea no confirman que, como aseguran fuentes del Gobierno, se esté negociando.

Endesa, la empresa responsable del la central mahonesa, puso la semana pasada el grito en el cielo al ver como la tramitación de su proyecto de mejora para adaptar la central a la directiva no avanza, impidiendo que puedan arrancar unas obras que tienen un plazo de ejecución previsto de 24 meses. Desde la empresa mantienen que si en 2020 no cumplen con la reducción de emisiones dejarán de poder utilizar la mayor parte de los motores de la central.