El Consell alegó la trascendencia económica de lo juzgado para justificar las facturas. | Gemma Andreu

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El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Palma estima que la minuta facturada por los abogados Pedro Monjo y Juan Manuel Lafuente al Consell por la defensa ante el pleito interpuesto por el GOB, solicitando la paralización de las obras de reforma del tramo Maó-Alaior, era «en efecto excesiva para un supuesto de medida cautelar».

De este modo, la sala antepone la naturaleza del caso juzgado al importe de la obra. «La verdadera piedra angular del recurso no se encuentra en su valor económico, sino en que se trata de la pieza separada del procedimiento principal en la que se trata sobre la suspensión cautelar del acto recurrido», expone la resolución emitida el 12 de septiembre del año pasado. En base a este argumento, el Juzgado acepta el informe emitido por el Colegio de Abogados que reduce de 15.000 a 7.500 euros el pago a afrontar en concepto de costas por el GOB, aceptando de este modo el recurso de la entidad ecologista.

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