El sector inmobiliario se ha reanimado en parte por el aumento de la construcción de nuevas viviendas | Gemma Andreu

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El renovado dinamismo que muestra el sector inmobiliario menorquín está provocando un boom de negocios que se dedican a la compraventa, principalmente de viviendas y fincas, una tendencia observable tanto en la calle como en internet que recuerda a los años de la burbuja y que desde las empresas tradicionales del sector se percibe con preocupación. Denuncian que muchos de esos nuevos negocios los están abriendo personas sin formación específica y sin el control del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, lo que, aseguran, está provocando un aumento de conflictos entre vendedores y compradores.

La estadística oficial del número de empresas constituidas muestra la punta del iceberg de este fenómeno, pero no toda su envergadura. No en vano, desde la liberalización del sector en el año 2000 ya no es necesario ser agente de la propiedad inmobiliaria para poner en marcha un negocio de compraventa de inmuebles, un sector que está abierto a cualquiera y que puede inscribirse en más epígrafes que los estrictamente relacionados con las actividades inmobiliarias.

El registro actualizado a finales de marzo del Institut d'Estadística de Balears (Ibestat) muestra que en Menorca hay activas 88 empresas inscritas en la actividad inmobiliaria. Son 23 más que en 2012, cuando el censo de empresas del sector tocó fondo. El incremento es llamativo, de más del 35 por ciento en seis años, pero esconde un aumento aún mayor: «La mayoría de los negocios que están apareciendo como setas no figuran en el registro del colegio», explica Joaquín Ferrer, el delegado en Maó del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears.

«Se les llama inmobiliarias, pero hay muchas que se trabajan simplemente desde un ordenador, con una página web, y bajo cualquier epígrafe», explica Juan Torres, presidente de Bonnin Sanso, quien asegura que detrás de esa proliferación de negocios están en buena parte ciudadanos británicos y personas que han trabajado en las inmobiliarias tradicionales y que han optado por hacerse con una cartera de clientes y probar suerte por su cuenta.

«Es totalmente legal si te das de alta en Hacienda y pagas impuestos por la actividad, aunque el problema es que no tienen el respaldo de un colegio profesional, al que se puede recurrir en caso de necesidad, además de que en el colegio se exige una formación», explica Ferrer, quien admite que «vuelve a haber una burbuja y muchos se han sumado el carro porque la cosa vuelve a ir bien».

Torres lamenta que muchas de esas empresas –la mayoría con unos costes muy reducidos ya que no cuentan con personal– «son muy poco serias y tienen un escaso conocimiento tanto del sector, como de la Isla». El resultado, asegura con «preocupación» tras constatarlo con personas que han recurrido a ellos después de una mala experiencia, «está siendo un aumento de los conflictos entre particulares, algunos llegan a quejarse de que les han estafado».

El reparto del pastel

Fuentes del sector afirman que esa proliferación de pequeñas empresas sin apenas cargas laborales podría poner incluso en peligro a empresas consolidadas, teniendo en cuenta que el pastel a repartir se reduce cada vez más y que muchos clientes están interesados en las aparentes bondades de recurrir a estos negocios en los que los honorarios de mediación se reducen considerablemente.

Desde el colegio oficial de agentes inmobiliarios no son optimistas de cara al futuro al entender que hay indicadores que hacen pensar que ese boom del sector no tendrá continuidad. Entre esos factores Ferrer cuenta el brexit y la caída prevista del turismo, una fuente importante de clientes para la actividad inmobiliaria.