Solo tres de los 18 proyectos que financia la ecotasa en Menorca se están ejecutando

El primer reparto de la ecotasa, aprobado a finales de enero de 2017, supuso la llegada para propuestas menorquinas de 4,1 millones, un 13,64 por ciento de los más de 30 millones que se recaudaron en el conjunto del Archipiélago. El destino del dinero, siete proyectos, tres del Govern y cuatro del Consell ya que los ayuntamientos se quedaron fuera a pesar de haber presentado un total de 27 iniciativas. De esos siete proyectos, un año y medio después de ser seleccionados por la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, solo tres, dos del Consell y uno del Govern, se encuentran en fase –más o menos avanzada– de ejecución.

Se trata de la conducción desde la desaladora de Ciutadella hasta el depósito de Son Blanc, que ejecuta la Conselleria de Medio Ambiente con un presupuesto de casi 584.000 euros, el que ejecuta el departamento de Cultura y Patrimonio del Consell para consolidar la muralla oeste del castillo de Santa Àgueda, con un coste de 118.000 euros, y el que lleva a cabo el departamento de Movilidad, un plan de actuaciones de gestión y recuperación del Camí de Cavalls, el más costoso de los presentados ese año por el ente insular, con 260.095 euros.

¿Qué ocurre con los otros cuatro proyectos? Cada Administración responsable ha ofrecido explicaciones, más o menos detalladas. Los proyectos cuya tramitación se encuentra más avanzada son los otros dos del Consell referentes a recuperación de patrimonio, la rehabilitación de dos torres de defensa, la de Sa Nitja (en Es Mercadal) y la de Rambla de Maó. El conseller Miquel Àngel Maria explica que ya podían haber sido adjudicadas en abril o mayo, pero se consideró que los meses de más calor no eran los más adecuados para su ejecución. La previsión, que en cualquier caso antes de final de año estén licitadas y puedan arrancar las obras.

Los dos proyectos más costosos de ese primer reparto son del Govern. Ambos no han sido todavía adjudicados. Desde la Conselleria de Medio Ambiente aseguran que el proyecto piloto de infiltración de agua depurada para la recuperación del acuífero de Es Migjorn, que se llevará a cabo en Sant Lluís con un presupuesto de 850.000 euros, se encuentra en proceso de contratación. Más complejo es el caso de la rehabilitación de patrimonio –incluidas las grisallas–, y dotación del Convent de Sant Diego Alaior (884.700 euros).

Pati de Sa Lluna

Jaume Alzamora, director gerente de la Agència de Turisme de Balears (ATB), encargada del proyecto, explica que solicitaron la licencia para poder iniciar los trabajos a mediados del año pasado. Pero todavía estaba en vigor la licencia de la rehabilitación integral anterior, un proyecto del que, por las modificaciones que había sufrido, todavía no se había certificado el final de obra por lo que no podían obtener una nueva licencia. Esa situación se ha resuelto recientemente y la ATB está pendiente de recibir la licencia.

Mucho más atrás en el proceso de tramitación se encuentran los once proyectos aprobados en el reparto de 2017, seleccionados en octubre del año pasado. El caso más llamativo es el de las ocho iniciativas que presentaron los ayuntamientos, uno por cada consistorio, a través del Consell. La Ley establece que solo entidades representadas en la Comisión de Impulso al Turismo Sostenible puede solicitar financiación de la ecotasa y en el caso de los ayuntamientos esa representación no viene dada por el Consell, sino por la Federación de Entidades Locales de Balears (Felib). En otras palabras, hasta hace tres semanas no se ha podido iniciar el proceso para hacer llegar el dinero a los consistorios, que ahora deben remitir un nuevo informe sobre el proyecto a la ATB antes de poder recibir esos 4,8 millones de euros que en total les corresponde.

Tampoco ha empezado a ejecutarse el proyecto presentado por el Govern en la convocatoria de 2017, el referente al derribo de tres chalets y compra de dos parcelas en S'Albufera des Grau para restituir una zona pública. Según las explicaciones de Medio Ambiente, están a la espera de que el Ayuntamiento de Maó presente un proyecto de demolición. En el caso del proyecto de rehabilitación de la finca pública de Milà Nou, en Maó, el conseller insular de Medio Ambiente, Javier Ares, explicó que el proceso ha sufrido un retraso porque se trata de un bien catalogado y requería de informes municipales que ya tiene en su mano: «El proceso se ha demorado algunos meses», lamentó. La tónica general.

La ATB reconoce que el proceso era «farragoso» y dice que se ha agilizado

El director gerente de la Agència de Turisme de Balears (ATB), Jaume Alzamora, reconoce que la tramitación del traslado de la recaudación del impuesto a los proyectos presentados ha sido «farragosa», pero asegura que se ha agilizado después de que se haya podido crear la «estructura procedimental». Asegura que con el nuevo impuesto, que se empezó a recaudar a mediados de 2016, «no había un procedimiento establecido como sí tenemos ahora». No obstante entiende que todavía no se puede considerar que haya un retraso ni una «desviación importante».