Antònia Salord, y su abogado Xavier Lluís Lázaro durante el juicio del caso del expediente desaparecido, celebrado en Palma en enero de 2017. | Teresa Ayuga

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La defensa de la exconcejal de Ciutadella, Antònia Salord (PP-UMe) no ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la sentencia del caso del expediente desaparecido, que la condena a un año y medio de cárcel (que no cumplirá al ser menor de dos años) por un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos.

Ello hace que la sentencia ya sea firme, según consta en un auto de la magistrada de la Audiencia Provincial, María del Carmen González Miró, fechado el pasado 16 de julio, y se da carpetazo definitivo a un caso que se remonta a febrero de 2009, cuando la entonces alcaldesa accidental (tras la dimisión de Brondo) hizo desaparecer un expediente sancionador para beneficiar a un funcionario afín.

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Los hechos fueron denunciados por UPCM. Y Antònia Salord ha perdido en todas las instancias. En enero de 2017 se celebró el juicio mediante el Jurado Popular, que la declaró culpable. En febrero la Audiencia Provincial la condenó a un año y medio de cárcel, además de cuatro años de inhabilitación para ejercer cargo público y una sanción de 3.650 euros. Salord recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que en septiembre del año pasado le desestimó el recurso. Entonces decidió presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que en mayo confirmó la condena, que ahora se ha hecho firme.

Salord pese a tener antecedentes penales por delitos de hurto y contra la ordenación del territorio no tendrá que cumplir la pena de cárcel, ya que se consideró que no son computables a efectos de reincidencia. La fiscalías solicitó en su día que la condena de cárcel sea conmutable por trabajos a favor de la comunidad, algo que será el juez que debe determinar.

Sea como sea, a partir de ahora Antònia Salord sí que le quedan antecedentes penales, lo que podrían ser una losa para la exconcejal si acaba condenada en el caso Citur, donde la fiscalía le pide hasta 9 años de cárcel, por los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración.