En un informe realizado a petición del Govern, sobre la propuesta de desarrollo normativo del régimen especial de prestación de los transportes marítimos en las Illes Balears, la CNMV recomienda al Ejecutivo que la necesidad de intervención pública en el mercado sea acreditada rigurosamente con independencia de la fórmula empleada, ya sea obligación de servicio público o contrato. Dado que el texto sobre las condiciones de servicio público del transporte marítimo incluye obligaciones sobre la regularidad, frecuencia o capacidad económica que se exigirán a las navieras que operen este tipo de líneas en el archipiélago, la CNMC recuerda que el transporte de mercancías y pasajeros está liberalizado en España y que «la intervención administrativa debe obedecer a razones de interés público y ajustarse a los principios de buena regulación».
Recalca que la regulación del sector «debe justificarse porque existe una necesidad real de interés público que el mercado es incapaz de satisfacer», en cuyo caso se pueden fijar obligaciones de servicio público que se exigirán a las navieras como un número mínimo de frecuencias diarias o semanales en rutas interinsulares o con la península.
La CNMC considera que la propuesta del Govern «no aporta la información suficiente que justifique estos requisitos, por lo que no se puede valorar si estas medidas de intervención regulatoria son razonables, necesarias y proporcionadas». No obstante, la Comisión valora el enfoque regulatorio, puesto que parte del principio de libre prestación del servicio y solo contempla intervenir en el mercado en determinadas circunstancias.
Entre las mejoras del proyecto de decreto, la CNMC dice en cuanto a las OSP que algunos requisitos impuestos a las navieras -regularidad, frecuencia y capacidad de los servicios-, se deberían justificar más en profundidad y con estudios de impacto.
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