Resignación y esperanza son las dos actitudes con las que los empresarios menorquines acogieron ayer la convalidación en el Congreso de los Diputados del Régimen Especial de Balears (REB). Resignados y con cierta decepción porque no contempla «ni de lejos lo que se necesita», afirmó Francisco Tutzó, presidente del Cercle d’Economia de Menorca, pero con ganas de ver el vaso medio lleno, ya que ahora se dispone del instrumento normativo para compensar la insularidad. «Tenemos un marco regulatorio, pero lo que interesa será su despliegue económico, que quede reflejado en los Presupuestos Generales del Estado y que lleguen las inversiones, que no se quede en un brindis al sol», señaló Enric Casas, director de la patronal CAEB en Menorca.
Por su parte, el presidente de la federación PIME, Justo Saura, clamó por la «unidad política para que Balears y Menorca reciban lo que hace tantos años no reciben y no se retroceda en la unión que vi en el encuentro en Palma». Saura asistió junto con otros representantes de agentes económicos a la reunión con la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, celebrada en Palma y ayer reclamó que el REB «siga adelante al margen de disputas políticas». El presidente del Cercle piensa que habrá que seguir dando batalla por un Régimen Especial que reconozca y compense con justicia al archipiélago. «Habrá que seguir peleando desde la sociedad civil y el nuevo Govern que salga para que Madrid comprenda la singularidad del hecho insular». Insistió Tutzó en que ayer se validó «un REB en modo elecciones, no es lo que esperábamos pero es más de lo que teníamos», y lamentó que «siempre nos pasa igual, es una pena que no se haya aprobado con tiempo porque este REB queda muy lejos de lo que se necesita». Este decreto ley debía modificar y mejorar el REB aprobado hace ya 20 años, con la ley de 1998.
Sin medidas fiscales
El REB incluye situar las inversiones del Estado en Balears en la media estatal, compensaciones en materia de transporte, garantía para la conexión eléctrica con la Península y subvenciones al transporte público por carretera. Lo que no llega son los beneficios fiscales para reserva de inversiones –la propuesta que aprobó Rajoy incluía compensaciones en el Impuesto de Sociedades y el IRPF–, y tampoco sale adelante el régimen propio para empresas industriales, agrarias, ganaderas y pesqueras.
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