Imagen de los alcaldes en una reunión celebrada en El Toro para poner en común asuntos de carácter municipal | Gemma Andreu

5

Los interventores municipales son una de las figuras clave en el control económico y financiero de un ayuntamiento. Garantizan el buen uso del dinero de los ciudadanos que la administración recauda. Fiscalizan y controlan todo lo que se gasta e ingresa. Y pese a ser imprescindibles, su situación es precaria y vulnerable.

No tienen independencia, declaran tener insuficiencia de recursos humanos para ejecutar un correcto control de las cuentas y además, tienen problemas para acceder a la documentación que deben fiscalizar. A ello hay que sumar que hay ayuntamientos que dan vía libre a acuerdos pese a los informes contrarios de intervención. Así lo desvela el último informe que ha formulado la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears sobre esta figura respecto a las cuentas de 2017. Deja en evidencia la debilidad y las deficiencias del sistema de control interno de los ayuntamientos.

El 44,1 por ciento de los interventores municipales de Menorca ha declarado tener problemas de acceso a la información que debe fiscalizar, un porcentaje que está por encima del resto de islas. En Eivissa indican encontrarse en esta situación el 14,3 por ciento de los interventores municipales.

Otro revés con el que lidiar es la dotación de recursos humanos destinados a la labor fiscalizadora. El 88,9 por ciento de los interventores municipales de Menorca afirma padecer una carencia de personal. Recae por tanto sobre ellos mayor volumen de trabajo. Es más, la Sindicatura insiste en que son recurrentes entre las contestaciones de los órganos de intervención la falta de personal, la inexistencia de procedimientos relacionados con las funciones de control interno (guías, instrucciones o manuales) y la poca cualificación de los empleados. El carácter organizativo es el factor de riesgo más elevado al que hacen referencia estos empleados.

Por otra parte, los consistorios de Menorca aprobaron 18 expedientes en 2017 con informe en contra de intervención, por un importe de 1,7 millones. Son una media de dos acuerdos por entidad local. Es, no obstante, la isla más cumplidora. En Mallorca y Eivissa las resoluciones con informe desfavorable alcanzan los 38 y los 10 expedientes por ayuntamiento, respectivamente. Y son, en la mayoría de los casos, informes relacionados con la contratación.

Además, ningún ayuntamiento de la Isla cuenta (en 2017) con un interventor que sea un funcionario con habilitación de carácter nacional, la figura que establece la ley. El déficit de personal con esta acreditación obliga a que la plaza acabe siendo cubierta de forma interina o accidental. Esta solución «coloca al interventor en una situación más precaria», apunta la Sindicatura, desde el punto de vista de que se pone en jaque el grado de independencia (objetivo y libre de influencias) y, además, tambalea la competencia, teniendo en cuenta que las personas que asumen esta responsabilidad no pasan unas pruebas que sí deben superar los funcionarios con habilitación nacional.