Los titulares de estos algo más de una docena de terrenos consideran que una vez clarificada la situación, cualquier demora en los trámites supone para ellos un perjuicio injusto y no fundamentado. Hace apenas unas semanas se dirigieron al alcalde Héctor Pons para reclamar celeridad y concreción en el asunto, a poder ser con una ejecución inmediata del acuerdo del pleno municipal. Esto les permitiría avanzar en la urbanización de estos espacios y su aprovechamiento.
Desde el Ayuntamiento de Maó explican que en estos momentos se están llevando a cabo reuniones con el Consell para proceder a esta modificación del PGOU, con el objetivo de que se haga bien y sin nuevos contratiempos. La previsión es que en el pleno de julio el Consistorio pueda aprobar el traslado del expediente al Consell, para que proceda a aprobar el cambio. Son varios meses por delante.
Tanta espera está generando malestar por Sant Antoni. Los representantes de los propietarios recuerdan que la modificación de la zona LIC y ZEPA se llevó a cabo hace 28 meses por parte de las instancias europeas, por lo que este tiempo se podría haber aprovechado para avanzar en los trámites. Así se viene planteando desde 2016 al equipo de gobierno municipal.
El conflicto nace cuando la delimitación de la zona LIC y ZEPA en el zona norte del puerto de Maó incluye por error, en 2006, parcelas calificadas como urbanas, sin que ante ello alegara ninguna institución local. El equívoco derivó en la suspensión de la edificabilidad de los solares, una vez fue detectado en 2010. El error afectó a otras urbanizaciones de Maó, aunque con una menor incidencia.
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