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Las negociaciones para la redacción del texto final del decreto ley 8/2020 han logrado acuerdo sobre uno de los puntos más polémicos. Los establecimientos turísticos podrán ser ampliados un 10 por ciento, menos del 15 por ciento establecido originalmente.

La enmienda introducida por el diputado menorquín de Esquerra de Menorca, Pablo Jiménez, y aceptada por su grupo Unidas Podemos, Més per Mallorca y PSOE, los tres que forman el Govern, establece el 10 por ciento como porcentaje máximo de incremento de la superficie edificada y de la ocupación de los establecimientos hoteleros. Sin embargo, al margen de modificar el porcentaje inicial del 15 por ciento, la iniciativa de Jiménez recuerda que son los consells los que tiene competencias ejecutivas en ordenación turística y descarga en la discreción de estos organismos la decisión de ampliar o reducir ese porcentaje. Según establece la enmienda, los consells podrán variar el porcentaje previsto del 10 por ciento reduciéndolo dentro de un rango del 0 al 10, así como incrementarlo hasta el 15 por ciento. Por tanto, es posible alcanzar el 15 por ciento inicial, pero no será por el decreto ley sino por determinación del Consell, en el caso de Menorca. Se ha removido así uno de los escollos aparecidos en la izquierda el primer día de presentación del decreto ley, pero el camino para su aprobación aún no queda despejado. Més per Menorca, que propone que sean los consells los que decidan, en atención a su competencia en ordenación turístico, considera que sus negociaciones con el Govern han fracasado. El apoyo menorquinista es necesario para que sea la mayoría de izquierdas la que saque adelante el proyecto en el Parlament, pero esa mayoría aún no está garantizada. Podemos y el PSOE de Menorca sí apoyan el redactado final. Los menorquinistas plantean que se elimine cualquier porcentaje para las ampliaciones hoteleras. De hecho, no las quieren porque «basar la modernización de la planta hotelera en crecimiento de volumen o superficie va en la dirección absolutamente contraria a lo que necesita la reactivación de la economía balear», declara su portavoz parlamentario Josep Castells. n su opinión, la ley se ha de limitar a marcar un porcentaje máximo al respecto y han de ser después los consells insulares quienes «decidan el modelo sin que la ley establezca un porcentaje por defecto. Esta sería la única fórmula respetuosa con las competencias de los consells en materia de ordenació turística», agrega Castells. En esta situación, el Govern tendrá que seguir negociando con el grupo parlamentario menorquín y buscar un acercamiento, que en el fondo parece cercano. La otra hipótesis evoca la amenaza de una nueva ‘ley frankenstein’, en caso de que haya de incorporar enmiendas de algún grupo de la oposición para garantizarse que el texto final salga adelante.