La empresa ha amenzado con dejar de prestar el servicio en octubre. | Josep Bagur Gomila

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Las discrepancias entre la empresa que presta el servicio de sacrificio en el matadero de Ciutadella y el consistorio por el coste del trabajo que desarrolla atravesaron ayer por una reunión clave para hallar una solución. Todo ello después de que Serveis d’Escorxador hubiera amenazado con plantarse e interrumpir el trabajo a partir del 4 de octubre.

De entrada, la predisposición del equipo de gobierno es la de negociar la petición del aumento en el coste que va a plantear la empresa adjudicataria en los próximos días y alcanzar un acuerdo que permita mantener el servicio a partir de un nuevo contrato que recoja el incremento.

Las discrepancias salieron a la luz cuando un informe de Secretaría e Intervención detectó que el Ayuntamiento había estado pagando diez veces más el importe del precio del transporte en el servicio del matadero, entre noviembre de 2018 y marzo de 2020, lo que fue denunciado por el PP ante Fiscalía por si existiera un presunto delito de prevaricación.

El Ayuntamiento, ante el incremento unilateral que aplicó la empresa en las facturas, ha vuelto a pagar ahora el último trimestre al precio original que incluye el contrato incluyendo una retención del 15 por ciento por las cantidades cobradas con anterioridad de forma indebida.

Serveis d’Escorxador no está dispuesta a aceptar ni la reducción del importe de las facturas ni la retención en las próximas, lo que podría llevar la discrepancia al ámbito judicial. «Nuestra predisposición es la de alcanzar un acuerdo porque los efectos de la suspensión del servicio serían perjudiciales para todos», explica la regidora responsable, Sandra Moll.

La empresa debe cuantificar la compensación que precisa para evitar las pérdidas, y el Ayuntamiento estudiar si la acepta. «Con los precios del contrato no pueden subsistir, nos han dicho», de ahí que pidan una revisión al alza para compensar las pérdidas. La empresa sostuvo que el precio del transporte de la mercancía, donde plasmó el incremento unilateral de las facturas, era obligado para poder realizarlo, de ahí que rechace la reducción del 15 por ciento que ha aplicado ya el Ayuntamiento en el pago del último trimestre que acaba de realizar. «Debemos intentar hallar el equilibrio y seguir adelante», apunta Moll.