Fuentes policiales y judiciales prevén un aumento en las ocupaciones ilegales de inmuebles en Menorca a medida que avance el invierno acentuando el incremento en las denuncias en la Isla en los últimos cinco años. Será otra de las consecuencias de la falta de ingresos por la crisis de la covid-19, como sucederá en todo el país, favorecida en parte, por la interpretación de la ley que, hasta el momento, reconoce en muchos casos la precariedad de quien se ve obligado a ocupar una vivienda como último recurso lo que eterniza el proceso para el demandante hasta que la recupera.
Quizás por ello el ministro del Interior, Grande Marlaska, anunció el miércoles en el Congreso que su ministerio va a aprobar instrucciones para facilitar el trabajo policial en los desalojos inmediatos. Ahora solo pueden hacerlo si se trata de una ocupación flagrante, lo que no siempre se puede demostrar. «A veces los sacamos, pero pese a que la propiedad coloca una puerta blindada, la revientan y vuelven a entrar», indica un policía local de Ciutadella.
En los últimos cinco años se han denunciado 77 usurpaciones de inmuebles en Menorca, el triple desde 2015 a 2019. En la primera mitad de 2020, en plena pandemia, solo entraron 7 denuncias, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, lo que no quiere decir que sean las únicas ocupaciones ilegales.
Los focos más conocidos están en Maó y Ciutadella, normalmente, porque la Policía tiene que intervenir por delitos paralelos relacionados con el ámbito de las drogas o la conexión fraudulenta a tomas de luz y agua de sus moradores. Es el caso de un edificio de la calle Sant Andreu, o la casa de la Plaza del Príncep, en Maó, relacionada con el caso de presunta corrupción de menores, o varios pisos de la calle Degollador, en Ciutadella.
Un complejo de apartamentos en Son Parc, de titularidad dispersa tras continuos procesos judiciales, también tiene varios okupados. El resto, han señalado fuentes policiales, son viviendas aisladas en algún edificio o zona turística.
Gran parte de la propiedad de estos inmuebles corresponde a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que no siempre opta por la vía judicial por la lentitud en la tramitación de los expedientes y porque no suele tener una urgencia explícita para el desalojo.
Otra situación sucede si es segunda vivienda o la reconocida del propietario, lo que supone un allanamiento que sí puede saldarse con la entrada de la policía tras la correspondiente denuncia, al tratarse de un delito penal. Si el propietario es persona jurídica va por la vía civil y el proceso no es corto ni sencillo. Se cataloga como un delito leve de usurpación, por el que acabarán siendo condenados a una multa que no suelen abonar al declararse insolventes. En el mejor de los casos una tramitación por usurpación puede prolongarse entre los tres y los cinco meses, o incluso más, explica el juez del Juzgado 1 de Maó, Daniel García del Mar.
En otros, «se toma nota de la denuncia y se comunica al juzgado», señalan fuentes policiales. La identificación de los okupas, la mayoría ‘fichados’ por comportamientos delictivos, tampoco es sencilla porque varían en la casa, reciben citaciones que no atienden y el proceso se enroca, admiten en el juzgado.
11 comentarios
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com diu un més a baix, ja existeix una llei per a desallotjar als ocupes el mateix dia. El problema és a les cases propietat dels bancs perquè aquests rares vegades ho denuncien. Imagino que per a abaratir el preu de les cases contigües i així poder-les comprar ells a baix preu.
Años de gobierno de Rajoy, años de gobierno de Zapatero y nada.... Será Sánchez? Quizás si, pero solo por la presión mediática...
Lo raro es que no haya mas. Total, no les pasa nada. Robas la que probablemente es la propiedad mas valiosa de una persona y no pasa absolutamente nada. Increíble
si com els okupes de Son parc mes seguretat i menys inseguretat en una urbanització massa tranquil·la fins que van arribar aquests individus, drogues, robatoris, mes mà dura per part de Ajuntament de mercadal!!!
https://www.menorca.info/menorca/local/2020/09/20/696213/trafico-privado-avionetas-jets-menorca-aumentado-este-verano.html Dues noticies es llegeixen millor juntes
La mayoría de países europeos cuentan con mecanismos ágiles y rápidos para desalojar a los okupas, a diferencia de España, que como casi siempre es la anomalía. En Alemania por ejemplo, las casas son desalojadas 24 horas después de conocerse y denunciar la okupación por parte de los propietarios. En Holanda, basta con denunciar ante la Policía, la cual una vez verificado el título de propiedad, puede personarse de inmediato con una autorización judicial automática para desalojar a los okupas por las buenas o por las malas. En Italia también basta con denunciar ante la Policía, que, una vez verificado igualmente el título de propiedad, desaloja a los okupas en menos de 24h. Además, si han causado daños en la vivienda, deberán hacerse cargo de los gastos, de lo contrario pueden ir a la cárcel. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aquí soportando que los delincuentes se salgan con la suya, en perjuicio de la gente honrada?
Mientras tanto estos delincuentes,porque no tiene otro nombre estan respaldados y asesorados por el partido del Vicepresidente del Gobierno. Creo que sobran todas las demas palabras.
A ver si se establece de una vez YA una ley que ampare a los propietarios, que pagan sus impuestos, gas, luz, cuotas y ven muchas veces como OKUPAS violentos les usurpan sus propiedades en sus propias narices (caso mujer mayor que visitó un familiar y ya no pudo entrar en su casa).Seamos claros, por cada familia que en realidad necesita un hogar hay 20 okupaciones de gente que o no lo necesita (porque de por sí ellos no quieren estar en el rollo de derechos y obligaciones en la sociedad) o son usados para actos delictivos, drogas,vejaciones... Una vergüenza el mensaje que se ha enviado hasta ahora.
I ho deuen ser sucoses, ses comissions que paga Securitas Direct!
Es indecente que esta gente tenga todos los derechos y que los propietarios legítimos de las viviendas ocupadas tengan que seguir pagando todos los impuestos vinculados a esas viviendas o sino acaban denunciandoles a ellos y encima si se les ocurre ir a hablar con ellos les insulten e incluso les agredan .... Y si quieren recuperar su casa tengan que demostrar que es suya , pagar a esa gente para que se vayan o meterse en un laberinto judicial que puede durar años y cuando finalmente recuperan su casa la encuentren destrozada