Guillem Mercadal es el presidente de la asociación de vecinos de Binissafúller Roters | Gemma Andreu

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Los alrededor de 165 vecinos de la urbanización Binissafúller Roters, en Sant Lluís, llevan más de una década de lucha, cartas, recogidas de firmas, denuncias e insistentes reclamaciones para poder disfrutar de algo tan básico como es el agua potable. En su caso, el problema son los cloruros, cuyos niveles duplican o incluso multiplican varias veces los valores referenciales contemplados en las normativas y recomendaciones. Según una muestra de 2019 superaron entonces los 1.800 miligramos por litro, cuando no se admiten en ningún caso más de 800 y se recomiendan menos de 250. El agua es demasiado salada.

La asociación de vecinos de la urbanización asegura en una carta que desde 2009 reclama soluciones a este problema, que ha denunciado ante cuantos organismos son competentes en la materia, de momento sin fortuna. Considera que es algo «muy grave», por lo que no entiende que cualquier otra inversión pueda pasar por delante de esta, en referencia a las recientes informaciones que sitúan allí la construcción de un nuevo aparcamiento.

La particularidad de Binissafúller Roters radica en ser la única urbanización de Sant Lluís no conectada a la red general, y donde no realiza el suministro el concesionario municipal sino una empresa distinta, que fue objeto ya de una sanción por proporcionar agua no potable. En marcha está un proyecto para mejorar los servicios del núcleo residencial, al que los vecinos han alegado, tanto por su procedimiento urbanístico como por el hecho de que se les haga copartícipes del coste de la actuación. Entienden que al ser una reurbanización, la mejora de la ya existente, no les corresponde aportar dinero. La propia titularidad de la urbanización es algo que también está en cuestión. El proyecto, aseguran, no resuelve tampoco el problema de la calidad del agua que llegaría a las nuevas tuberías.