El PP indica en la denuncia que Marc Pons está «obsesionado» con el edificio en la zona de Es Pla. | Manolo Barro

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La controversia por el proyecto de reforma del puerto de Fornells sube un nuevo peldaño en cuanto al nivel de las discrepancias. El Partido Popular de Es Mercadal ha registrado ante la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears una denuncia en la que relata las, a su entender, irregularidades en la tramitación de la citada obra. La intención del grupo popular municipal es trasladar este mismo documento hoy mismo a la Fiscalía Anticorrupción.

El argumento principal del PP de Es Mercadal es que la construcción de un edificio de nueva planta del antiguo restaurante Es Pla y la habilitación de una cantina, inicialmente en ese mismo espacio, son decisiones arbitrarias sin un fundamento legal y que obedecen a motivaciones ajenas al interés público. Demostraría esta última circunstancia la oposición que ha generado esta inversión tanto a nivel popular como político con votaciones en contra del proyecto en el propio Ayuntamiento de Es Mercadal, la Junta Local de Fornells o el Parlament balear. Además, razonan la existencia de irregularidades en la tramitación.

El PP argumenta que es falso que la ley obligue a prestar el servicio de cantina, como defiende Ports basándose en un artículo de la Ley de Puertos. Este artículo se refiere a las instalaciones que operan en régimen de concesión, que no es el caso, según explican los populares en la denuncia.

Por otro lado, el PP aporta informes emitidos por los técnicos municipales en los que se considera que Ports debería justificar la necesidad del edificio y sus efectos en «la perspectiva del conjunto urbano tradicional». El informe emitido en junio de 2018 apunta la conveniencia de evaluar posibles alternativas a la ubicación del edificio, algo que no se hizo. El mismo documento ya advierte a Ports de la entonces inminente recuperación de las casas concesionadas de la calle Governador, como aspecto a tener en cuenta. El PP denuncia que Ports conocía esta circunstancia al menos desde 2015, pero se obvió en el proyecto de reforma de una forma deliberada.

Uno de los puntos fuertes de la denuncia es la arbitrariedad del proyecto, en lo que al edificio se refiere, algo que considera inaceptable en el uso de los recursos públicos. Indica, y lo apuntan también los citados informes, que la obra debe estar sustentada en un plan de usos o gestión del puerto, que no existe. Ante este vacío, considera que lo lógico sería atenerse al planeamiento municipal, que no contempla el edificio, o al Reglamento de Puertos, que indica que las actuaciones de este tipo deben favorecer el equilibrio social y económico de su entorno, algo que, para el PP, no se produce.