Biel Janer, Joana Febrer y el abogado Josep Massot. | Gemma Andreu

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El Ayuntamiento de Ferreries ha presentado una demanda civil en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ciutadella para recuperar la titularidad pública del Camí d’en Kane a su paso por la finca de Binimoti. Ejecuta así un acuerdo municipal aprobado por la unanimidad de todos los grupos el 31 de octubre de 2019.

La voluntad del Ayuntamiento «es restablecer el libre paso por un camino que siempre ha sido público y que nunca debió haberse cerrado. Hay suficientes indicios de su titularidad pública a lo largo de la historia», según la declaración expresada ayer por la alcaldesa Joana Febrer al dar a conocer la iniciativa.

Aduce que existe abundante documentación que avala la titularidad pública de este tramo sobre el que hace casi una década nació la reivindicación vecinal. Señala que cuando se construyó la carretera actual se realizaron cambios como en la finca de Terra Rotja, que están documentados, «en Binimoti, no», afirma.

Biel Janer, concejal de Medio Ambiente, resalta la tarea llevada a cabo por la Agenda Local 21, los grupos ciclistas, el club hípico, el club de atletismo, excursionistas, los escoltes «y de una manera altamente comprometida y visible» los Amics del Camí d’en Kane, como base sólida para apoyar la reivindicación.

El abogado Josep Masot, quien realizó en 2016 el informe jurídico encargado por el Ayuntamiento para recoger documentación, testimonios y pruebas que avalen la titularidad pública del camino, es el que defenderá la posición municipal en el nuevo proceso judicial. Calcula que durará entre ocho meses y un año y se muestra esperanzado en lograr un objetivo tan perseguido.

Destaca la importancia de no haber demorado más la presentación de la demanda. «Si se deja pasar el tiempo, es muy difícil que puedan recuperarse los caminos porque se pierden los testimonios que vivieron el mundo rural», señala.

Sobre las expectativas frustradas hasta ahora en los juzgados matiza que hasta ahora se habían discutido cuestiones administrativas, pero no sobre el fondo del objetivo, que no es otro que determinar la titularidad del tramo, que solo puede resolverse por la vía civil.

El escrito de la demanda consta de 56 páginas y contiene muchas evidencias a través de la información cartográfica, archivística y entrevistas a testigos que recuerdan haber pasado libremente por el camino.