El 34 por ciento de las personas que el año pasado acudieron a la Oficina insular de la Vivienda, que por concesión pública gestiona Provivienda, viven solas. Y otro 21 por ciento corresponde a a una persona adulta con menores a cargo y con dificultades para la crianza en solitario. Un 43 por ciento de los usuarios de este servicio son familias con hijos, en su mayoría menores.
Los datos aparecen en la memoria de la Oficina, que en el primer año de la pandemia atendió a 249 unidades de convivencia nuevas, integradas en total por 579 personas, de las que 156 son menores. A esas cifra han de añadirse las 408 familias provinentes de años anteriores.
La principal demanda del 38 por ciento de los usuarios ha sido información para solicitar ayudas sociales, mayoritariamente bono social, y ayuda al alquiler del Ibavi. Esa cifra supone un 28 por ciento más que el año anterior.
Trabajo turístico
Entre el perfil del usuario destaca el colectivo comprendido entre 35 y 65 años, que supone prácticamente la mitad del total. Se trata mayoritariamente de parejas con hijos menores en las que uno o los dos miembros de la unidad familiar trabaja en el sector turístico y que como consecuencia de la crisis derivada de la covid-19 no tuvieron trabajo o este careció de la continuidad de las temporadas anteriores.
Otros dos grupos que llaman la atención son los mayores de 65 años, representan el siete por ciento de los atendidos y padecen un problema común, el riesgo de exclusión social provocado por los elevados alquileres que han de afrontar sin más ingresos que la pensión que reciben.
También ha crecido la demanda femenina, «la pobreza tiene cara de mujer», en expresión de la consellera de Vivienda,Cristina Gómez, al conocer un incremento del 25 por ciento de usuarias respecto al año 19.
Españoles nacionalizados
El 56 por ciento de las personas atendidas el año pasado en la Oficina de la Vivienda son de origen español, pero si se tiene en cuenta las nacionalizadas, ese porcentaje sube al 77 por ciento. Colombianos y marroquíes son los siguientes en números, según explicó Beatriz Pons, coordinadora de este servicio.
Otro dato relevante es el que sitúa el problema más acuciante en la zona oriental de la isla, dos de cada tres atendidos pertenece a los municipios de Maó, Es Castell y Sant Lluís.
La crisis de la covid «ha convertido la vulnerabilidad que ya existía con anterioridad en situación extrema. Las medidas que se adoptan resultan insuficientes para solventar un problema estructural previo», destaca Iosune Huidobro, de Provivienda.
La consellera Gómez apunta en esa misma línea que el escudo social de medidas antidesahucios y moratorias durante la pandemia ha sido eficaz pero es coyuntural ante un problema de base estructural.
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